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Morelia.- Familiares de una adolescente de 13 años de edad que fue abusada sexualmente en Morelia, acusaron que la Secretaría de Salud de Michoacán les negó la asistencia para que a la menor le fuera interrumpido el embarazo resultado de la violación.
La SSM informó que ya se revisa el asunto, pero rechazó que se le haya negado el servicio a la menor y a su familia.
La Fiscalía de Michoacán informó que el responsable fue detenido e incluso vinculado a proceso por un juez de control.
Representados por un grupo de mujeres abogadas, los familiares dijeron que desde hace dos semanas solicitaron el embarazo seguro a la SSM.
Explicaron que la solicitud –basada en la Norma Oficial Mexicana 046 - la hicieron cuando la menor tenía 14 semanas de gestación.
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Detallaron que dicha petición fue entregada de manera presencial por la madre de la víctima y la víctima en el Hospital de la Mujer . Afirmaron que en ese centro de salud iban a pasar la solicitud al Consejo, “suponemos que al de Bioética, para que autorizara”.
Expusieron que la persona que recibió el documento se comunicó vía telefónica con la peticionaria quien no pudo contestar la llamada en ese momento.
“Al otro día, esta persona llamó nuevamente para decirle que por qué no había dejado a la niña para la valoración en lo que daba trámite a la petición, lo que la madre de la víctima le dijo que no podía dejar a su hija porque es menor de edad”, mencionaron.
Además, enfatizaron que la persona del hospital no se identificó, ni dijo su nombre. “y hasta el momento no hemos recibido contestación oficial ante la petición entregada”.
Al no recibir respuesta, la menor fue trasladada a la Ciudad de México, donde le fue interrumpido el embarazo, en una clínica particular autorizada para ello.
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Una de las representantes de la familia y de la víctima expuso que esa burocracia que enfrentaron la madre y la víctima no es un procedimiento legal.
Afirmó que con ello lo que se impide es salvaguardar la vida de la niña, al ser una emergencia, además de que entre más tiempo pase más riesgos hay para la menor.
Mencionó que hay riesgos de mortalidad materna si se le dejaba a la niña continuar con la gestación hasta el término, “lo cual es una tortura y violencia institucional”.
“Y lo que observamos es un total desconocimiento de la ley, además de una falta de profesionalismo en la atención”, dijo.
Consultada al respecto, la Secretaría de Salud en el estado, de manera preliminar, rechazó que a la menor se le haya negado la asistencia y los servicios.
Aseveró que por el contrario, personal a su cargo buscó a los familiares para dar continuidad al procedimiento y éstos no acudieron a los llamados.
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