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León
.- La presidencia municipal de León desaprobó la resolución judicial que favoreció la liberación de la exalcaldesa priista Bárbara Botello , con el pago de una fianza por un monto menor de la reparación del daño al erario público en el delito de peculado por el que está sujeta a proceso penal.
En un comunicado, la administración municipal, encabezada por el alcalde Héctor López Santillana, aclaró que la medida cautelar impuesta a Botello Santibáñez “fue solicitada por su defensa y dictada por la titular del Juzgado Tercero Penal” .
El gobierno local precisó que, a través de su representante legal, el municipio solicitó que se le fijara a la exedil un monto que reparara totalmente el daño al erario público, que asciende a 1 millón 577 mil 600 pesos, “no obstante, la jueza determinó que la garantía fuera menor”.
Tras liberación, Botello dice que confía en las instituciones
Bárbara Botello abandonó el Cereso alrededor de las 22:00 horas del viernes, después de haber permanecido recluida por más 36 horas para continuar el proceso penal en libertad .
Minutos después, en sus redes sociales, expresó su confianza en las instituciones.
“Agradezco todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido. Realmente estoy muy conmovida y emocionada con tantos mensajes que me han enviado. Confío y creo en la legalidad de nuestras instituciones y en que todo tomará su orden”
, publicó Botello.
La tarde de este sábado, la presidencia municipal anunció que continuará realizando las acciones legales pertinentes para resarcir la afectación causada a las arcas municipales.
El jueves pasado, la defensa de Bárbara Botello promovió un incidente (recurso) en el que solicitó al órgano jurisdiccional que el auto de formal prisión que había sido dictado a la exedil en el sistema penal tradicional por la titular del Juzgado Tercero Penal, se sustituyera por una medida cautelar distinta.
La defensa sustentó su postura en los términos del artículo V transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales , para lo que planteó la firma periódica y una garantía económica de un millón y medio de pesos.
De acuerdo a las disposiciones de ese artículo en el Sistema de Justicia Penal Adversarial , la persona imputada podrá solicitar al órgano jurisdiccional la revisión de dicha medida a efecto de que el juez de la causa “habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente” en audiencia tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de prisión preventiva.
En el caso de peculado en agravio del patrimonio municipal, la administración pública está representada por el Ministerio Público y los abogados coadyuvantes.
etp
