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Miriam Ramírez Rosales pidió a las autoridades de Coahuila que le den seguimiento a su caso por presunta tortura sexual cometida por elementos de la fiscalía estatal. Dijo que a cinco años, no hay seguimiento a las denuncias que interpuso ni justicia en cuanto a la reparación del daño.
La señora Ramírez Rosales mencionó que fue víctima de detención arbitraria y a partir de allí inició su calvario. A las afueras de la delegación Laguna I de la fiscalía, y junto a decenas de documentos, mencionó que fue acusada de fraude por cuantía media, pero obtuvo sentencia absolutoria.
Ella por su parte ha interpuesto denuncias por los daños que le causaron, sin embargo, a la fecha no ha recibido justicia.
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“Ya no quiero más mejoralitos. Quiero que me judicialicen alguna de mis carpetas. No puede ser tanta aberración y no se haga nada”, comentó.
En su proceso, cuando le dictaron una medida de control, la trasladaron al penal de Piedras Negras donde, según contó, los elementos se desviaron por una brecha en el municipio de Nadadores y cuatro elementos la violaron.
Uno de mis agresores, agente de la Policía de Investigación Criminal que está preso por el delito de tentativa de feminicidio, me metió una botella en la boca, me quebró los dientes. Perdí la audición del oído derecho, me quebraron la clavícula, tuve laceraciones”, relató la víctima.
Aseveró que en la fiscalía fue golpeada y hay testigos que ya rindieron su declaración.
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Sin embargo, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, dijo que se realizaron dos protocolos de Estambul para determinar si sufrió tortura, y refirió que las dos resultaron negativas. Miriam señaló que los documentos fueron alterados.
La señora Ramírez Rosales dijo que es hasta ahora que decidió alzar la voz por miedo, amenazas e intimidaciones que ha sufrido.
El Fiscal Federico Fernández aseguró que se trata de un caso que se ha atendido plenamente y también que se ha hecho dos veces el protocolo de Estambul para corroborar actos de tortura y han sido negativos. Sobre los dichos de la señora dijo que son presunciones.
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“No podría dar una opinión de fondo porque hay diligencias de fondo. Todo es de acuerdo con los datos que existen en una carpeta, no en presunciones. Tienen los conductos abiertos y yo daré seguimiento, pero sí es una persona que está haciendo atendida”, comentó el fiscal.
Asimismo, Miriam expuso que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le ha quitado todos los apoyos, como el traslado para recibir tratamiento psiquiátrico en el Cesame o el tratamiento controlado.
Dijo que existen recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no se han cumplido.
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