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León, Gto.- A catorce meses de que policías estatales abatieran a tiros a un joven migrante que se encontraba de visita en San Miguel de Allende, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), concluyó que su muerte se derivó del uso excesivo de la fuerza empleada por los oficiales.
Además, estableció que la Fiscalía General del Estado (FGE) negó el acceso a la justicia a la familia del joven asesinado, luego de que agentes del Ministerio Público que conocieron del caso no procedieron en contra de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) implicados.
“La privación de la vida de la víctima derivó de un uso excesivo de la fuerza”, estableció la oficina del Ombudsman estatal, Raúl Montero de Alba.
Los elementos de las FSPE hicieron uso excesivo de la fuerza y no prestaron atención médica inmediata a la víctima (después de que le dispararon).
“Se encontró que fueron omisos en aplicar las directrices complementarias de los principios básicos, como solicitar la presencia de cuerpos de auxilio para procurar atención médica a quien resultara con lesiones producto del empleo de la fuerza”.
Leonardo Reyes Cayente, de 23 años de edad, residente estadounidense, había regresado a la comunidad de Corralejo de Abajo, su tierra natal, para pasar las vacaciones decembrinas con sus familiares maternos, y la noche del 12 de diciembre salió de la casa de sus parientes en una camioneta con su celular en mano en busca de señal para enviarle mensajes a su novia, y al volver al domicilio, cerca de la 1 de la mañana, elementos de las FSPE le dispararon. Al escuchar los disparos vecinos del poblado acudieron al lugar y afirmaron haber visto que policías rodeaban la camioneta en la que Leonardo se encontraba herido, y que manipularon la escena del crimen.
En aquella ocasión, la comisionada de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett López, aseguró que los policías actuaron dentro de los protocolos, “en el marco de uso de fuerza y al estar ante un ataque letal, respondieron con fuerza letal”. Agregó que el joven migrante disparó en contra de los elementos de la FSPE y éstos repelieron la agresión.
La madre del migrante, Ma. Guadalupe Reyes Moreno, exigió justicia y el respaldo del padre Alejandro Solalinde, y de diversas organizaciones de migrantes en Sacramento, California, y Texas, quienes demandaron a la FGE de Guanajuato realizar una investigación imparcial para el esclarecimiento del asesinato de Leonardo Reyes, y la apertura de una carpeta de investigación por homicidio doloso.
A su vez, la PDHEG integró un expediente de queja en el que este martes emitió recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a cargo de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, y la FGE, que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre, por “violación al derecho a la vida y de acceso a la justicia del joven migrante”, así como un acuerdo a la Secretaría General del Gobierno para la reparación del daño.
Se incurrió en violación al derecho a la vida por parte de los elementos de la Policía estatal por haber hecho uso de la fuerza empleando armas de fuego de cargo para repeler una agresión a sus personas, sin contar con la capacitación adecuada que les permitiera discernir cognitivamente el hecho en cuanto a los límites del uso de la fuerza, lo cual realizaron con exceso, acotó.
“Este organismo concluye que los elementos carecen de capacitación para el uso de la fuerza y que al no estar debidamente instruidos, como quedó demostrado en este caso, se traduce que en el día de los hechos, hubo una ausencia de mecanismos que garantizaran eficiencia en el actuar policíaco y manejo de este evento, y por eso, se pone en duda el uso legítimo de la fuerza empleada con el joven migrante. La privación de la vida de la víctima derivó de un uso excesivo de la fuerza”.
Dentro de la investigación en curso a cargo del Ministerio Público es donde se deben acreditar y sustentar en forma real los acontecimientos y determinar la existencia o no de un hecho que se configure como delito, precisó la PDHEG.
Al titular de la SSP le recomendó que se inicie procedimiento administrativo a José Reyes Ramos Murrieta, Blanca Esther Martínez Martínez, Carmen Rodrigo Vueno Rico, Julio César Hernández Guerra, Carlos Gilberto Rodríguez Luna y Julio César Pérez Grimaldo, elementos de las FSPE respecto de la Violación del Derecho a la Vida.
También que colaboren en la integración de la carpeta de investigación 129198/2018 de la fiscalía a efecto de que se esclarezcan los hechos de la queja y con ello se garantice el derecho humano al acceso a la justicia de los familiares directos de la víctima.
Asimismo que se brinde atención psicológica, psiquiátrica y/o tanatológica a los familiares directos de la víctima Leonardo Reyes Cayente, y que la FSPE otorgue garantías efectivas de no repetición, por las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio del joven; también que se brinde un curso al personal en materia de derechos humanos, específicamente sobre los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego.
La PDHEG recomendó al Fiscal General del Estado que se inicie procedimiento administrativo a Juan Andrés Jaramillo Suárez y Ramona Álvarez Pérez, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en San Miguel de Allende, respecto de la Violación del Derecho al Acceso a la Justicia, de los que se dolieron los familiares de joven migrante.
Del mismo modo que instruya para que se continúe con la práctica de diligencias de investigación inicial que sean legal y materialmente necesarias dentro de la carpeta de investigación correspondiente por el fallecimiento de Leonardo Reyes Cayente y en un tiempo razonable se determine conforme a derecho, y que se devuelva a Ma. Guadalupe Reyes Moreno las pertenencias de su hijo.
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