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Pachuca.- Legisladores de la bancada de Morena en Hidalgo presentaron una Iniciativa para la interrupción legal del embarazo hasta la décima segunda semana y la tipificación del delito de aborto forzado hasta con nueve años de prisión.
Los diputados Roxana Montealegre, Lucero Ambrosio, así como Rosalba Calva y Ricardo Batista, presentaron ante el pleno del congreso la iniciativa basada en el trabajo realizado al inicio de la legislatura con activistas y organizaciones de la sociedad civil, que representan la agenda feminista en la entidad, además de retomar diversidad de puntos de vista sobre la ILE.
Durante la lectura a cargo del diputado Ricardo Baptista, se señaló que la iniciativa con proyecto de decreto busca reformar los artículos 154, 155, 156, 157, y 158 del Código Penal y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud .
Se destacó la necesidad de garantizar a las mujeres hidalguenses el pleno ejercicio de sus derechos a la salud sexual y reproductiva y que incluye libremente la decisión del número de hijos. Según se informó las causales de no penalización del aborto que se tiene en la mayoría de los códigos penales de los estados no garantiza que las mujeres puedan realizar la interrupción de su embarazo en forma legal.
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Es común que las víctimas de violación no logren interrumpir su embarazo por negligencia, discriminación o problemas burocráticos.
Hidalgo forma parte de los 31 estados donde hay causales para no castigar el aborto, sin embargo aseveraron es necesaria aperturar estas causales y reconocer la legal interrupción del embarazo antes de la décima segunda semana de gestación.
Sobre la punibilidad del delito de aborto después de las 12 semanas, se castigará con una pena de seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días de multa, mientras que en el aborto forzado que se da sin el consentimiento de la mujer la pena es de tres a siete años de prisión y de 40 a 150 días de multa. Si además hay violencia se incrementaría hasta nueve años de cárcel.
Las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud deberán de proveer el servicio para la interrupción legal del embarazo de forma gratuita. En el caso de los médicos que les corresponda practicar la interrupción del embarazo cuyas creencias sean contrarias al procedimiento podrán hacer uso de la cláusula de objeción de conciencia y trasladarlas con un médico no objetor.
Sin embargo si hay riesgo de la mujer no se podrán pagar a esta objeción. La iniciativa fue enviada a comisiones y se tendrá hasta un mes para su votación en el pleno.
afcl
