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LA PAZ, BCS., 6 de junio.- Por segunda ocasión, fue presentada una iniciativa para la eliminación del fuero constitucional, ante el Congreso de Baja California Sur, con la que se busca eliminar esta figura para todos los servidores públicos del estado.
La diputada morenista, Guadalupe Vázquez Jacinto subió a tribuna para presentar la iniciativa, luego de realizar cinco foros en los municipios del estado, con la finalidad de socializar su contenido, el cual busca de fondo, dijo, que se aplique la ley “sin privilegios ni excepciones para todos”.
“Esta iniciativa responde a la necesidad urgente de revisar el exceso de servidores públicos que gozan de inmunidad procesal. Atiende a la democracia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción”, afirmó.
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Indicó que se está planteando que se elimine la declaración de procedencia que propicia la desigualdad entre servidores públicos y ciudadanos, y que puede derivar en actos delictivos graves –expresó– al amparo de la impunidad.
“El fuero es concebido como un privilegio otorgado a funcionarios; en una república democrática donde se establece el principio igualitario sin distingos de clase social, raza, sexo o religión, todos somos iguales ante la ley, de ahí que el fuero o inmunidad a los servidores públicos es una contradicción política que divide a la sociedad en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, insistió.
Recordó que su creación fue para proteger a representantes populares de persecuciones políticas, pero ha sido utilizado para evadir la justicia y ello ha contribuido a la impunidad.
La propuesta busca reformar el artículo 159 y derogar la fracción XIX del artículo 64 de la declaración de procedencia, ambos en la Constitución de BCS en donde se aborda el tema. Fue turnada a comisiones para su revisión y dictamen.
Falla primer intento de eliminar fuero
Cabe mencionar que esta iniciativa se presentó en noviembre del año pasado; no obstante, no tuvo consenso y se bajó incluso del orden del día. El Congreso de BCS está integrado por 21 diputados locales, la mayoría del proyecto de morenista con partidos aliados. Los únicos diputados de oposición son dos: el diputado priista, Fabrizio Del Castillo, y la diputada panista, Guadalupe Saldaña.
Durante los foros realizados en La Paz, con la mayor convocatoria para socializar la iniciativa, fue notoria la ausencia del resto de legisladores, incluso compañeros de bancada morenista de la diputada promovente.
Fuero protege a diputada investigada por corrupción
En abril pasado, en sesión privada y con voto secreto el Congreso de BCS votó por rechazar el dictamen por el que se iniciaba la comisión revisora de la solicitud del juicio de procedencia contra la actual diputada petista, Alondra Torres, quien es investigada por la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
El dictamen avalaba el inicio del procedimiento, al considerar que la Fiscalía había presentado sustento sobre las investigaciones; no obstante, desde la mesa directiva, que lideró la diputada también petista, Arlen Moreno Maciel, se impulsó la votación en secreto y no se consiguieron los votos para avanzar con la solicitud del juicio de procedencia que presentó el fiscal, Lenin Emiliano Ortiz Amao.
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El caso motivó una controversia y cuestionamientos hacia la mayoría de los diputados que resolvieron no avanzar con el desafuero, pese a que por el presunto delito de abuso de autoridad por simulación del que se acusa a la diputada Alondra Torres, ya existen otros funcionarios procesados. Se trata de que en una operación irregular, desde el municipio de Los Cabos -donde la diputada fue síndico municipal- autorizaron el pago de 14 millones de pesos a una empresa de intermediación financiera para que facilitara la contratación de un crédito bancario, gestión que nunca se realizó y sí se pagó.
Sobre la iniciativa, el fiscal, Lenin Ortiz Amao, presente en la sesión, declaró que espera que en esta ocasión, los diputados la avalen, dado que es necesaria y aseguró que se socializó en todo el estado, con académicos, profesionistas y personas interesadas.
“El fuero constitucional es un privilegio que no tiene razón de ser hacia los servidores públicos, dado que el sistema acusatorio les permite contar con todas las garantías para ejercer el derecho a su defensa”, puntualizó.
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