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El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción , José Antonio López Presa, minimizó las irregularidades administrativas, financieras y fiscales detectadas en el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.
De visita por la capital veracruzana, consideró que las anomalías forman parte de observaciones de auditorías oficiales que están en proceso de solventación, por lo que criticó que se juzgue antes de concluirlas.
“Se está juzgando antes de que se termine el proceso de fiscalización y eso no le conviene al Sistema Estatal, al Sistema Nacional, ni a los Veracruzanos. Creo que se está poniendo el ojo en algo que no es de la magnitud, de lo que quiere presentar”, lamentó.
Entrevistado durante la presentación de la Plataforma Informática “Abogacía Ética”, aclaró que los integrantes del comité de participación ciudadana de dicho sistema no manejan los recursos públicos de manera directa, sino que es la Secretaría Ejecutiva.
“Vamos a poner las cosas como son, los ciudadanos no manejamos los recursos, empezando por ahí, Yo creo que aquí se está poniendo los ojos en algo que no existe, la verdad (…) la Secretaría Ejecutiva es algo muy pequeñito, que además, en un proceso de auditoría, que tiene varias etapas, se tendrá que aclarar lo que se tenga que aclarar; y si hay algo indebido, pues que se sancione”, señaló.
Al interior del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, un organismo que entró en funciones el año pasado para supuestamente combatir la corrupción, se detectaron irregularidades en el manejo de los recursos públicos y hasta anomalías fiscales y laborales.
En diversas auditorías practicadas al organismo, cuyo presidente hasta hace una semana fue Sergio Vázquez Jiménez, se encontraron violaciones a distintas leyes locales y un mal uso de dinero público durante el ejercicio fiscal del 2018.
Documentos que integran el pliego de observaciones de la Cuenta Pública del 2018, entregados a una docena de servidores públicos, se descubrió que funcionarios de dicho sistema asignaron de manera ilegal un contrato en una licitación pública.
Además, que los integrantes del organismo Sergio Vázquez Jiménez, Alma Delia Hernández Sánchez, Mercedes Santoyo Domínguez y José Emilio Cárdenas Escoboza, recibieron pagos por sus servicios sin que mediara contrato de por medio ni comprobaciones de sus actividades.
Los auditores encontraron que se dejaron de pagar impuestos federales y estatales; contrataron personal sin pagarles seguro social; reclasificaron de manera ilegal puestos para que pudieran ganar más salario mensual y adquirieron bienes sin un programa de licitaciones.
afcl
