Chilpancingo.— Los migrantes guerrerenses no quieren regresar al estado y algunos simplemente no pueden porque hacerlo podría significar la muerte. Estos son los desplazados.
La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, lanza la alerta para muchos migrantes guerrerenses que huyeron hacia Estados Unidos y ahora corren el riesgo de ser deportados.
El Centro Morelos da acompañamiento a 290 personas, entre ellas, a 82 menores de edad que están en Estados Unidos porque la violencia los sacó de sus pueblos.
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Estos 290 forman parte de las mil 800 personas que fueron sacadas de sus pueblos, en el municipio de Heliodoro Castillo, en la sierra, en 2018 por un grupo de hombres armados que dijeron ser “policías comunitarios” pero que después se reveló que formaban parte de la organización criminal Los Tlacos.
Casi todos salieron corriendo con lo poco que tuvieron a la mano, se alojaron por algunos meses en Chichihualco, la cabecera municipal del pueblo vecino, Leonardo Bravo. La ayuda oficial siempre fue escatimada hasta que desapareció, entonces muchos siguieron huyendo, unos se fueron a otras ciudades de Guerrero, a otros estados y varios decidieron ir a probar suerte en Estados Unidos.
La mayoría no han podido poner de nuevo un pie en sus casas, la razón: porque la organización criminal sigue asentada en sus pueblos.
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Rosales Sierra dice que muchos de esos 290 migrantes, que antes fueron víctimas de desplazamiento forzado, están muy asustados por la posibilidad de ser deportados.
La activista afirma que los menores que han podido inscribirse a las escuelas han dejado de ir ante el temor de ser detenidos y separados de sus padres.
“Una gran cantidad de inmigrantes no pueden retornar a México de manera segura y de ello dan cuenta los cientos de desplazados de Guerrero y Michoacán, a quienes no les quedó otra alternativa que buscar asilo político o pasar de ilegales a Estados Unidos. Son cientos de familias víctimas de desplazamiento forzado interno las que están en riesgo de deportación y de ser asesinadas al retornar a sus pueblos”, afirma la activista.
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Rosales Sierra lamentó que en México las autoridades no estén preparadas para recibir a los cientos de migrantes que pueden ser deportados “cuando ni siquiera han podido atender a todos los afectados por el huracán John”.
“¿Cuál es la esperanza que tienen las víctimas de desplazamiento en Guerrero y que serán deportados con una gobernadora [Evelyn Salgado] que no tiene la voluntad política ni la sensibilidad humana para garantizar la paz y oportunidades de vida dignas para las personas que tuvieron que desplazarse y migrar a causa de la violencia?
“La pregunta es saber si el gobierno está preparado para atender esta situación, con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, o va a actuar como el país vecino, violentando los derechos de quienes tienen que huir de sus países ante la violencia que enfrentan”.
La activista afirma que ya hay varios casos de migrantes guerrerenses deportados, quienes están sufriendo despojo.
“Cuando son detenidos en las redadas que se realizan hasta invadiendo domicilios, son víctimas del más descarado despojo del escaso patrimonio que difícilmente han podido hacer y que por diferentes razones no han podido enviar a México. Son despojados de las camionetas o vehículos y son recluidos en los centros de detención para evitar que denuncien y reclamen, y se señala como responsables a las diferentes fuerzas policiacas, como a la policía de inmigración de Estados Unidos, que participan abiertamente en la rapiña sin ningún respeto a los derechos humanos de los migrantes, que son tratados como delincuentes”, comentó.