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El ex gobernador Mario Anguiano podría ser sancionado con dos multas por 45 millones 148 mil 685 pesos, además de dos inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, por nueve años y por 14 años, con lo que se sumaría a la lista de ex mandatarios priístas señalados de corrupción por haber cometido abusos contra el erario de sus estados.
El martes pasado, el Congreso de Colima propuso sanciones por 170 millones 436 mil 609 pesos al ex mandatario y a 13 funcionarios más que habrían desviado más de mil 800 millones de pesos, basados en la revisión de las cuentas públicas de 2013, 2014 y 2015 (hasta el 31 de agosto).
En su dictamen, turnado a la Comisión de Responsabilidades, también se proponen sanciones resarcitorias por 79 millones 21 mil 182 pesos para nueve personas morales que fueron proveedoras de productos y servicios en el periodo de revisión excepcional solicitada por los diputados de la 57 Legislatura en 2015.
La petición al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) es para auditar al Ejecutivo de Colima por los presuntos desvíos de fondos del Presupuesto de Egresos del estado para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y al 31 de agosto de 2015, y presunta simulación de reintegros a fondos federales de los ejercicios fiscales 2014, 2013 y anteriores.
Para Mario Anguiano se aprobó proponer una multa resarcitoria por 38 millones 570 mil 170 pesos y una inhabilitación de 14 años para ejercer cargos públicos por la presunta falta de registro contable a una donación que hizo Pemex al gobierno del estado de 3 mil 400 toneladas de asfalto, 130 mil 200 litros de gasolina Magna y 118 mil litros de diesel.
Presumiblemente, se omitió un proceso transparente para designar las empresas que custodiaron el combustible, como EL UNIVERSAL lo informó en su edición del 10 de diciembre de 2016.
También para Anguiano se propuso otra sanción resarcitoria subsidiaria por 6 millones 578 mil 515 pesos, pues el informe del Osafig considera que omitió vigilar la comprobación de gastos de un fondo revolvente asignado a Carlos Alberto Ceballos Radillo y Carmen Yolanda Núñez Sosa, su ex secretario privado y la ex administradora en la coordinación general administrativa.
Otra sanción propuesta para el priísta es la inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos. En 2013 y 2014 el Osafig acreditó que el Ejecutivo estatal erogó en la nómina local mil 867 millones 696 mil 154 pesos de más a los autorizados en el Presupuesto de Egresos.
La Comisión de Responsabilidades deberá citar a comparecer a todos los ex funcionarios implicados en las presuntas irregularidades y en caso de comprobárseles las acusaciones, el Congreso pasará los casos al Poder Judicial del estado.
Se buscó la versión del ex gobernador, pero hasta el momento del cierre no había sido localizado.
Mario Anguiano se suma a los ex mandatarios priístas que en los últimos años se encuentran bajo la lupa por irregularidades durante sus periodos, la mayoría por casos administrativos. Hoy están tras las rejas los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge; de Tabasco, Andrés Granier; de Tamaulipas, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, y el interino de Michoacán, Jesús Reyna.
Otros más son buscados o sus investigaciones están en curso, como los mandatarios de Chihuahua, César Duarte; de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes; de Nayarit, Roberto Sandoval, y de Durango, Jorge Herrera.
Acusan protección. En opinión del coordinador de los diputados del PAN, Luis Ladino, hay una clara intención de proteger al ex gobernador Mario Anguiano Moreno y otros políticos, como el ex secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda, quien hoy en día es el presidente del PRI en el estado.
En entrevista, Ladino explicó que se propuso al presidente de la Comisión de Hacienda, el priísta Santiago Chávez, modificar el dictamen para imponer sanciones más duras y enajenar los bienes del ex mandatario y garantizar el pago, pero se argumentó que no podía haber cambios.
“Se va a reír de nosotros, se desvían casi 2 mil millones de pesos y sólo le pedimos que reintegre 45 y lo inhabiliten unos años, pero tendría que ir a la cárcel; además, si el dictamen no se puede modificar, nos preguntamos por qué se excluyó a Rogelio Rueda y no se le finca ninguna responsabilidad”, señaló Ladino.
Denuncias estancadas. A mediados de 2016, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y el Congreso de Colima denunciaron al ex gobernador ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por el mal uso de recursos públicos. En total se interpusieron tres denuncias: una por el presunto desvío de mil 867 millones de pesos, otra por la presunta compra irregular de un software que costó 66 millones de pesos y una más por la contratación y uso indebido de un crédito por 638 millones de pesos.
En julio pasado, las dos últimas denuncias fueron atraídas por la PGR, pero no ha habido avance.
