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Oaxaca de Juárez.- María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de feminicidio, defensora y activista contra la violencia ácida, denunció un presunto conflicto de intereses de la jueza a cargo de su caso, María Teresa Quevedo Sánchez, por sus presuntas relaciones personales con integrantes de la defensa de Juan Antonio Vera Carrizal, quien esta en prisión acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido en su contra.
El pasado 29 de septiembre, María Elena solicitó la recusación de la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, tras denuncia su supuesta imparcialidad para beneficiar a Juan Antonio Vera Carrizal, quien enfrenta un proceso penal en prisión preventiva por su supuesta responsabilidad en el intento de feminicidio en su contra cometido el 9 de septiembre de 2019.
Este día, a través de un comunicado y un video difundido en redes sociales, la activista explica que la solicitud de recusación está sustentada en presuntas violaciones a sus derechos como víctima, pues de acuerdo a la Corte Interamericana y Principios de Bangalore Sobre la Conducta Judicial así como también principios de Naciones Unidas, a la jueza no le compete llevar a cabo la continuidad de esta etapa del proceso sino a un Tribunal Colegiado con comprobada perspectiva de género.
La solicitud, explica, fue entregada a Martha Elena Castillejos Sánchez, visitadora del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca.
Sin embargo, alerta que su solicitud no será atendida pues denuncia que las funcionarias se relacionan a nivel personal con abogados que han tenido conocimiento de su caso y que colaboran directa o indirectamente con la defensa de Vera Carrizal.
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Como fundamento a dicha denuncia la joven dio a conocer fotografías donde se observa a la jueza departir en una fiesta con abogados penalistas, por lo que asegura que es una evidencia de un “grave conflicto de intereses”.
"Ambas personas tanto la Jueza María Teresa Quevedo Sánchez y la visitadora del Consejo de la Judicatura están juntas y no lo digo yo, lo afirma la publicación del abogado Simitrio Ruíz (quien fue el primero a cargo del caso), quien organizó esta fiesta y se encuentra justo en el centro de la reunión y ustedes son testigos de estas pruebas que revelan un conflicto de interés muy grave", indica María Elena.
La también activista y defensora asegura que durante la fiesta se discutieron pormenores de su caso, por lo que exige la intervención de las autoridades competentes, al tiempo de descalificar los argumentos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho, quien en días pasados declaró que no hay conflicto de interés al designar a dicha jueza a cargo del caso de María Elena y que no se puede nombrar a jueces a gusto de ninguna de las partes.
Al respecto María Elena Ríos recordó que en Oaxaca ya se han registrado casos en los que juezas de Oaxaca han sido retiradas de casos por presuntos vínculos con la defensa de los procesados y mencionó el caso de la jueza Luz María Soto, quien fue removida tras negarse a vincular a proceso a Gabino N., acusado del feminicidio de Rosa Isela Leyva y su tía Bernarda Ramírez, lo anterior luego que se comprobó que tenía una relación personal con la defensa del acusado.
“Es evidente que se compromete la imparcialidad de las Juezas, cuando en su calidad como ‘autoridad’ conviven con defensores de procesos en común, descuidando los protocolos que legítimamente les restan confianza y credibilidad. Esto también aplica para la Visitadora del Consejo de la Judicatura la Licenciada Martha Elena Castillejos Sánchez”, finaliza la joven.
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