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Mérida, Yucatán. El colectivo feminista Marea Verde reprobó que el Congreso de Yucatán haya concedido espacio a grupos anti derechos que, en lugar de aportar al debate democrático, difundieron desinformación y vulneraron el derecho a decidir.
"La despenalización del aborto no debe ser objeto de discusión, sino una garantía, como ya lo establece una sentencia y las declaratorias de inconstitucionalidad emitidas por la SCJN, la cual debe ser acatada por el Congreso de Yucatán", advirtió.
El pasado fin de semana, el Congreso de Yucatán organizó un parlamento abierto en el que participaron representantes de diferentes colectivos en favor y en contra del aborto, cuyas opiniones servirán a los legisladores para elaborar un dictamen sobre una iniciativa.
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Por ello, el colectivo Marea Verde en Yucatán anunció una campaña en favor de los derechos humanos, cuyo objetivo es exigir la autonomía corporal, la salud sexual y reproductiva y el derecho al aborto libre, sin limitaciones, ante la posibilidad de que se despenalice.
"Los esfuerzos de la agrupación se enfocarán en visibilizar la urgencia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de personas con capacidad de gestar, además de vigilar los avances legislativos en la materia, con los estándares más altos en derechos humanos", manifestó Andrea Tamayo Cáceres, representante de los colectivos.
Subrayó que existen dos iniciativas que fueron presentadas en el Congreso local por las diputadas, Clara Rosales Montiel (Morena) y Larissa Acosta Escalante (Movimiento Ciudadano), que representan una oportunidad para avanzar en el tema de la criminalización de la interrupción del embarazo.
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"En nuestra constitución yucateca se protege a la vida desde la concepción, y de acuerdo a las declaratorias de inconstitucionalidad de la SCJN y las sentencias que han emitido, esto va en contra del derecho pro-personas", expresó.
Indicó que en Yucatán la situación es preocupante en materia de salud, porque el aborto es materia de salud pública, "lamentablemente lo vemos desde la parte legal, como un delito, pero hay que verlo desde el área real, como un problema de salud pública", concluyó.
ss/LL
