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Tijuana.— El gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, informó ayer que interpondrá una controversia constitucional a la reforma aprobada por el Congreso local y tres gobiernos municipales, para alargar de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla, de Morena.
En un comunicado de prensa, el mandatario estatal dijo que esta acción jurídica se presentará en el momento procesal correspondiente, es decir, una vez que el Congreso declare válida y publique en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo con sus facultades, la reforma que —dijo— atenta contra el estado de derecho y la voluntad de los ciudadanos que votaron el pasado 2 de junio por un gobernador con duración de dos años, lo cual se había acordado empatar el calendario electoral con el resto del país.
La controversia constitucional es la segunda acción específica que el gobernador Kiko Vega ha determinado para combatir la decisión legislativa y con ello seguir apegado a la defensa del Estado de derecho y voluntad ciudadana.
“Mi compromiso es con los ciudadanos, por ello velaré siempre por hacer respetar el Estado de derecho de Baja California”, finalizó el gobernador panista.
Protestan ciudadanos. Primero en Mexicali y casi de inmediato en Tijuana, un grupo de ciudadanos se manifestó ayer en contra de la ampliación de la gubernatura.
En el caso de la capital del estado, los integrantes de las Residencias Unidas de Baja California se plantaron en las instalaciones del Poder Legislativo en el Centro Cívico de Mexicali, donde hicieron un cierre simbólico del Congreso local y advirtieron que permanecerán hasta que concluya el periodo.
Aunque primero se reunieron en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), los inconformes se trasladaron a la entrada del Congreso del Estado, en donde bloquearon la entrada y exigieron la desaparición de poderes en la entidad.
Además de exigir que se detenga la ampliación de la gubernatura, los manifestantes también entregaron un pliego petitorio en el que piden que sus derechos sean respetados al votar por un gobierno de dos años. Uno de los activistas, Filiberto Sánchez, lamentó que la entidad se haya convertido en una vergüenza nacional debido a la ambición de quienes encabezarán la siguiente administración.
En Tijuana, la sede fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde un grupo de personas se plantó con pancartas en las que exigió a Jaime Bonilla frenar la acción de su ampliación de mandato.
Además, los manifestantes advirtieron que se violaron sus derechos políticos con el cambio al próximo periodo de gobierno, al pasar de dos a cinco años.
