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LA PAZ, BCS., 7 de noviembre.- Madres de familia protestaron en una telesecundaria en La Paz, Baja California Sur ante un presunto caso de acoso y abuso sexual de parte de un prefecto contra varias alumnas.
Una decena de madres de familia se presentaron en las instalaciones de la escuela para colocar cartulinas y hojas con los mensajes con contenido sexual, que un prefecto, Héctor “N”, presumiblemente habría enviado a sus hijas, vía celular.
Acusaron a las autoridades de encubrir al responsable y obstaculizar las investigaciones, incluso de mantener al trabajador en el plantel y de no creerles a las menores.
Ante medios de comunicación, narraron que el caso tiene ya varios días, incluso presentaron cinco denuncias ante la Procuraduría de Justicia del estado (PGJE) para que investigue los hechos y, pese a ello, el trabajador permanece laborando en el plantel.
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El caso se presentó en la Telesecundaria 50 “Gabriel García Márquez”, y según narraron las madres de familia, sus hijas se atrevieron a denunciar que el prefecto buscaba tocarlas, abrazarlas y les hacía comentarios con contenido sexual. Todo esto luego de recibir un taller sobre sensibilización precisamente en materia de violencia contra mujeres.
Fue así –narró Lizbeth, una de las madres- que se animaron a contar lo ocurrido y a señalar directamente al prefecto.
“Pero a nuestras hijas le ha dicho el director que son unas mentirosas, que no les cree”, comentó la mujer, quien añadió que por ese hecho se presentaron en la institución para hacer público el caso y demandar que el trabajador sea removido del plantel.
Exigieron a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de BCS que cumpla con el protocolo adecuado en estos casos y a las autoridades de procuración de justicia que avancen las investigaciones.
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Las madres de familia revelaron que acudieron también al Instituto de Mujeres del estado, donde les informaron que con base en sus testimonios, las autoridades del plantel, encabezadas por el director Arturo Robles Puga, no habrían actuado conforme el protocolo establecido para estos casos, incluso, les informaron que hace apenas unas semanas la escuela recibió capacitación en la materia.
“Debemos levantar la voz. No quedarnos callados ante esta situación. Son unas niñas. Hay que ser empáticos”, finalizó la madre de familia.
Este caso se suma a por lo menos 30 más que están siendo investigados por acusaciones que han hecho padres de familia en distintos planteles.
En breves declaraciones, la secretaria de Educación, Alicia Meza Osuna, calificó los hechos como una situación “grave” y aseguró que el prefecto señalado ya se encuentra “retirado de la convivencia escolar”.
Indicó que no se puede dar de baja al presunto agresor sino hasta que el caso se resuelva, pues deben salvaguardarse sus derechos laborales, y refirió que en ocasiones los casos tardan hasta tres o cuatro años en resolverse y a la fecha suman 30, algunos de los cuales van más avanzados y otros ya con sentencias.
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