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Cancún, Q. Roo.- El plantón montado por integrantes del colectivo de “Madres Buscadoras Quintana Roo” en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún fue levantado este domingo, pero llevado de forma permanente a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la ciudad.
Estas víctimas indirectas del fenómeno de desaparición protestaron ayer en la puerta 8 de la terminal y se quedaron a pernoctar frente al lugar, en una suerte de campamento, hasta que las autoridades mostrasen avances o la resolución de la desaparición de un joven llamado William Hernández, secuestrado desde diciembre de 2017.
“Hoy por nuestros hijos, mañana no sabemos por quién podría ser. Hoy somos nosotras las que sufrimos la ausencia de nuestros familiares. Mañana podría ser tu hijo, tu hija, tu hermano o tu papá que se encuentre en una situación de desaparición forzada por particulares”, indicó María Patrón, previo a mover el plantón del Aeropuerto a la Fiscalía.
El colectivo indicó que “es lamentable que se tenga que llegar a estas medidas para que hagan su trabajo. Doña Carmita (madre de William) a un plantón en el Aeropuerto Internacional de Cancún para que pudiera ser escuchada y una vez más se revise la carpeta de investigación.
“Se hizo el cambio el cambio del plantón hacia fuera de la Fiscalía porque las demandas están en proceso, pero no está finalizado, por eso estamos aquí. En caso de que no respondan a las demandas como debe de ser se tomarán otras medidas”, se informó, para advertir que se tendrá que salir a protestar todas las veces si no son escuchadas.
Carmita detalló que autoridades se presentaron en el Aeropuerto para notificarle que entre hoy y mañana se atenderán sus peticiones, lo cual aceptó, pero a condición de mover el plantón a la Fiscalía hasta que se cumpla lo que se le garantizó, mientras se montaban el toldo en el que permanecerán.
Represión de madres buscadoras, “muestra de brutalidad”, critican colectivas feministas
Por separado, colectivas feministas reclamaron al gobierno del estado haber reprimido la protesta pacífica de las madres buscadoras que integran el colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, el viernes pasado, en Chetumal, lo cual dejó como saldo 10 mujeres con lesiones físicas.
El colectivo “Ni una Menos Cancún” refirió que la agresión se suscitó “alevosamente”, aprovechando la ausencia de Romana Rivera –fundadora de la agrupación de víctimas indirectas de desaparición– quien fue citada en la FGE bajo el argumento de que se atenderían sus peticiones al fiscal, Raciel López.
“Desalojar es agredir, jalonear es agredir, corretear es agredir, patear es agredir, cargar entre cuatro es agredir. La policía estatal agredió a las manifestantes, hay evidencias. Fotografiar a los y las periodistas que cubren la nota es agredir, usar bots para falsificar información y denostar la labor periodística, también es agredir.
“La violencia ejercida por parte del gobierno de Quintana Roo a las madres buscadoras es una muestra de brutalidad, una violación a los derechos humanos básicos, y es un aval al crimen de lesa humanidad que representa la desaparición de personas que flagela al país entero y al estado de Quintana Roo. Es una continua agresión a todas, a todos”, aclaró “Ni Una Menos Cancún”, ante versiones que han intentado minimizar o incluso negar la gravedad de lo ocurrido.
La agrupación feminista subrayó que quien o quienes dieron la orden de reprimir a las madres buscadoras y quienes la ejecutaron deben ser juzgados y procesados conforme a lo que marcan las leyes mexicanas.
“Quien resulte responsable por parte del Estado debe reconocer este grave error, debe repararlo y responsabilizarse garantizando la no repetición. Debe además dedicar voluntad y recursos para la búsqueda de las personas desaparecidas y sobre todo debe cuidar a las madres buscadoras protegiendo su integridad física y mental ya que representan la fuerza moral de México”, señalaron.
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La colectiva “Sororas Cancún” también reprobó el uso de la fuerza pública en contra de las madres buscadoras y condenó la omisión e impunidad que existe en las fiscalías involucradas.
“A la fecha no hay esclarecimiento para casos de cientos de desaparecidos en el estado”, señaló la colectiva, quien citó lo informado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en cuanto a que el municipio de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, es uno de los seis municipios dónde más homicidios dolosos se cometen, además de ser el quinto lugar en desapariciones de personas a nivel nacional.
La agrupación exigió al gobierno estatal que frenen la represión a las protestas y manifestaciones; que se garantice cero impunidad; trabajar en políticas públicas para que los cuerpos policiales estén capacitados en el tema de derecho a la manifestación y libre expresión; sensibilizar al personal que labora en las fiscalías para que la atención a las víctimas indirectas de desaparición sea pronta y expedita; y “respetar el dolor de madres, padres y hermanos, hermanas que buscan a sus seres queridos”.
En coincidencia, “Marea Verde Quintana Roo” remarcó que el uso legítimo de la fuerza se aplica para garantizar los derechos humanos y la seguridad de la población, “no para usarla en contra de quienes protestan por la omisión e ineficacia de las instituciones”.
Señaló que las madres buscadoras sólo han pedido que las instituciones trabajen y entreguen resultados ante la desaparición de sus hijas, hijos y familiares, pero solo encuentran “excusas, simulaciones, dilaciones y negligencia”.
La colectiva sostuvo que es evidente que la administración estatal actual, “no es ni humanista, ni feminista”, como se promociona con recursos públicos en discursos y propaganda oficial, y recordó que el número de personas desaparecidas en Quintana Roo va en aumento, “aún cuando quieran maquillar los índices”.
Pese a las denuncias y la gravedad de la problemática “este gobierno no hace su trabajo y no despliega sus recursos para encontrar a las personas desaparecidas, sino más bien, usa esos recursos para replegar y reprimir a quienes estando hartas de la simulación exigen respuestas de las autoridades a cargo”, se reprochó.
En su posicionamiento, la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) añadió que el derecho a la protesta implica “incomodar a las instituciones y la vida cotidiana de la sociedad, que si no fuera por esa incomodidad, no se hace consciente de la crisis en derechos humanos que hay en este Quintana Roo feminicida”.
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