Chilpancingo.— Este miércoles, en apariencia, todo volvió a la normalidad en la capital de Guerrero. Los estudiantes regresaron a clases, el transporte se regularizó, las Urvan de las rutas foráneas volvieron a dar el servicio y el comercio abrió.
Ninguna autoridad explicó qué sucedió para que se ordenara la reanudación de todas las actividades que por tres días estuvieron suspendidas. No se informó si hubo una detención, si se está por detener a uno de los generadores de la violencia, si tienen detectados a los agresores, nada, sólo se pidió regresar a las clases, a los trabajos y que los choferes retomaran sus rutas. Tampoco garantizaron la seguridad.
Y así ocurrió, las calles se volvieron a llenar, el bullicio regresó, los automóviles y las motocicletas dificultaron una vez más la circulación vial, y a los comercios entraron los clientes. La gente dejó de caminar para llegar a sus casas.
No hubo explicaciones, pero tampoco los ciudadanos las pidieron; todos querían recuperar la normalidad. Los comerciantes volvieron a respirar tras tres días sin ventas y con horarios limitados.
Por tres días Chilpancingo estuvo casi paralizado debido a la violencia; cuatro unidades del transporte público fueron incineradas, cuatro mujeres —dos menores— sufrieron quemaduras y dos personas murieron asesinadas. Ese fue el saldo de la nueva crisis de inseguridad.
La cotidianidad volvió, pero nadie se confía porque si la violencia invade, todos se resguardan.
Esta nueva crisis trajo el recuerdo de los asesinatos de Ulises Hernández Martínez, capitán del Ejército y exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal; del secretario del ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, y del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán.
