San Miguel Chimalapa.— El clima es inclemente debajo del domo de acero en medio de San Antonio, pueblo zoque considerado como uno de los “guardianes de la selva” de Los Chimalapas y defensor del territorio oaxaqueño.
Para ser invierno, el calor a las puertas de la selva está arriba de los 30 grados, así que María García y Emiliano Pérez Gutiérrez, emblemáticos defensores del territorio zoque, buscan la sombra junto con una comisión de comuneros nombrados por los habitantes para platicar con EL UNIVERSAL.
En 1977, los obreros, los zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas, que trabajaban en el aserradero junto con comuneros de las dos poblaciones que nacieron ahí, se unieron para correr a la empresa maderera y crear las congregaciones agrarias San Antonio y Benito Juárez, surgidas para defender los límites y conservar la selva de la depredación. Muchos de los trabajadores michoacanos y chiapanecos se fueron, otros más como la familia de María decidió permanecer y adherirse a la lucha de los oaxaqueños.
A los 14 años, María ya estaba en la lucha y era la única mujer que se atrevía a participar de manera decidida, convirtiéndose en una pieza clave. Fue, por ejemplo, la única comisionada especial para el problema agrario ante los gobiernos federal y estatal.
Al ser un personaje visible, fue objeto de persecución.
Fue tomada presa por el gobierno de Chiapas hace 32 años; la policía de ese estado la detuvo junto con 16 comuneros mientras cosechaban café en tierras que ellos consideraban de Oaxaca, pero Chiapas reclamaba suyas. Estuvo presa tres meses en una cárcel de Cintalapa y el exgobernador oaxaqueño Heladio Ramírez pagó 150 mil pesos para su liberación.
El encino como testigo
Emiliano Pérez Gutiérrez es uno de los 130 comuneros guardianes de las 15 mil hectáreas de una reserva natural campesina que posee San Antonio y sabe que la recompensa recibida por defenderla de las invasiones no ha sido justa. Para el campesino, que ha sido agente municipal y secretario auxiliar de Bienes Comunales, la justicia no les llegó durante estos años de lucha agraria, y para muestra hay 45 kilómetros de camino terracero en terribles condiciones que tienen que transitar para llegar a la carretera federal Panamericana, una agencia municipal sin concluir y un centro de salud sin ambulancia ni medicinas ni médicos permanentes.
A 15 kilómetros del domo de acero en San Antonio está plantado un viejo encino en medio del pueblo de Benito Juárez. Es el lugar de reunión de los comuneros. Debajo del árbol se recibieron secretarios del gobierno federal y estatal durante más de dos décadas. Allí también se armaron estrategias de recuperación de tierras invadidas.
Bajo la sombra del gran árbol, Alberto Ramírez y Jesús Cruz Ramírez, dos de los primeros fundadores, recibieron la noticia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de Oaxaca sobre las 162 mil hectáreas de tierras que han defendido por más de 40 años.
Alberto es un campesino de 69 años, que llegó de Miahuatlán atraído por el trabajo a los 22 años. Jesús también llegó en su juventud de Cintalapa, Chiapas. Al sumarse a la lucha de los zoques obtuvieron tierra y se convirtieron en comuneros defensores de la selva.
Dicen que todos están felices con la decisión de los jueces. Para ellos los rencores quedaron en el pasado y dicen que a partir de ahora sólo les queda construir la paz con sus hermanos de los ejidos asentados en tierras comunales de Oaxaca.
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