Tepic.— Desde hace al menos 15 días decenas de personas de poblaciones localizadas en el municipio nayarita de Huajicori, en los límites con Durango, han sido desplazadas por la violencia que genera la disputa territorial entre grupos de la delincuencia organizada; pese a que el gobierno federal ha desplegado un operativo de seguridad en la zona junto al gobierno del estado, éste se ha negado a reconocer la situación e incluso la minimiza al señalar que se trata de rumores.
Los desplazados provienen de comunidades como San Andrés Milpillas, Mineral de Cucharas, El Llano o Mesa de los Ricos, y se han dirigido hacia la cabecera municipal a buscar refugio; ahí, más de 100 personas son atendidas en un comedor habilitado por la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios.
“Son más de 100 personas, han llegado familias completas de siete u ocho miembros, hay personal del DIF Municipal y de la Instancia de la Mujer apoyando también”, señaló una de las personas involucradas en la atención de desplazados.
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La violencia
El temor a los grupos armados que rondan por ese territorio ha provocado que en Huajicori sea difícil encontrar a alguien que se atreva a denunciar, aunque sea de forma anónima, la situación por la que atraviesa este municipio serrano donde el índice de marginación es de los más altos del país, según datos del Inegi y el Conapo; es un territorio formado por 170 localidades rurales en las que viven cerca de 11 mil 400 habitantes, de acuerdo con datos del propio ayuntamiento, y es resguardado solamente por 35 policías municipales.
Quienes acceden a dar alguna información lo hacen bajo la condición de no ser citados ni grabados, y coinciden en señalar que la guerra en esta región tiene meses y la protagonizan una célula del Cártel de Sinaloa, conocida como Operativa MZ, que obedece directamente las órdenes del Ismael El Mayo Zambada, y un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Señalan que tanto personal médico de la región como profesores que laboran en la zona han sido intimidados para que se vayan.
Incluso, se atribuye a uno de los cárteles una amenaza que circuló a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, en el cual se exige a los doctores que no brinden ninguna atención a los heridos del grupo rival, porque el hecho sería considerado como complicidad.
“Hay profesores a los que han interceptado en los caminos para decirles que mejor se vayan porque puede haber fuego cruzado; ellos han pedido apoyo de sus superiores para adelantar el cierre del ciclo escolar, pero les han ordenado permanecer en las escuelas”, dijo una de las fuentes consultadas.
“Hace meses se sabe que andan por los límites con Durango [los grupos delictivos], entran y salen, pero nunca se habían atrevido a tanto. Desde hace unos 15 días han comenzado a incendiar casas y no les importa dañar a los pobladores”, indicó otro de los testigos.
El miércoles 26 de junio EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, Manasés Langarnica Verdín, para corroborar la situación; sin embargo, desde la Dirección de Comunicación del gobierno se informó que no se contaba con información sobre desplazamientos forzados e incluso se indicó que existía la sospecha de que todo se trata de una campaña de desinformación difundida en redes sociales.
Un conflicto difícil de ocultar
La tarde del sábado 29 de junio la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, en la cabecera municipal de Huajicori, solicitó a través de redes sociales ayuda de la ciudadanía para atender a los desplazados que llegaban a la plaza principal: “A todos los que desean colaborar en el comedor que se habilitará en atención a las víctimas del desplazamiento forzado de la parte serrana de Huajicori, pueden pasar a la oficina parroquial a dejar sus aportaciones en especie, como: frijol, arroz, lenteja, azúcar, aceite, sal, enlatados, frutas, verduras, etcétera”.
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El lunes 1 de julio el subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Sepúlveda, fue cuestionado sobre el asunto durante una entrevista con medios: “Un servidor nada más sabe que es en el municipio de Huajicori y no le sabría decir, pero sí sabemos que son situaciones graves”, respondió.
Ese mismo lunes por la tarde, sin explicar el contexto, el gobierno de Nayarit emitió un comunicado en el que señaló que por órdenes del gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con fuerzas federales y estatales, realizaban acciones en zonas estratégicas del municipio de Huajicori “para mantener la seguridad”.
“Como parte de las labores, se mantienen reforzados los principales accesos carreteros y diversas localidades para prevenir actos delincuenciales. En este operativo de ‘Base de Operaciones Mixtas’ se llevan a cabo también con la instalación de puntos de control para las inspecciones de transportes y autos particulares que transitan por la localidad, así como vigilancia por parte de los elementos de seguridad y fortalecimiento de la presencia policial”, señala el comunicado.
El pasado miércoles 3 de julio la secretaria de Gobierno de Nayarit, Rocío Esther González, insistió en que el tema de las personas desplazadas era sólo un rumor: “No tengo conocimiento de familias desplazadas, sería una información que muy seguramente las autoridades federales podrían proporcionar, nosotros no tenemos conocimiento. Sé que se ha rumorado esa situación; sin embargo, lo único que nosotros tenemos es que ahorita, efectivamente, esa zona está cuidada, está resguardada y no tenemos conocimiento de desplazamientos”, expresó.
Sin embargo, dos días después, el fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce-Medrano, reconoció que en la zona se han registrado enfrentamientos entre grupos criminales que afectan a los pobladores.
“Hay enfrentamientos entre particulares que se llevan a cabo en la zona serrana, pero que prácticamente son de cerro a cerro; han quedado desgraciadamente personas expuestas, ciudadanos, en el cruce de esos disparos que se hacen desde distancias muy considerables y que desgraciadamente son impactados. En la fiscalía hemos tenido conocimiento de dos, cuando mucho tres personas que han fallecido por esas causas”, indicó el fiscal de Nayarit.
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Señaló también que desde hace aproximadamente 10 días no se han reportado avistamientos de personas armadas en la zona y atribuyó la disputa entre grupos delictivos al control de la producción y trasiego de drogas, como las metanfetaminas.
Desde septiembre de 2022, en la comunidad de San Andrés Milpillas, Anselmo Ramírez, representante del pueblo mexica que habita en la serranía de Huajicori, expuso la situación de inseguridad en la región ante el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del plan de justicia para los pueblos o’dam y mexica.
“En esta región tenemos importantes recursos forestales, pero la tala ilegal e indiscriminada nos han afectado. Como ya hemos manifestado, un grave problema de nuestra región es la presencia de la delincuencia organizada, por lo que es importante seguir dando apoyo y oportunidades a nuestros jóvenes. Además, requerimos la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, y que se coordinen con nuestras autoridades tradicionales para que también sean respetuosos de nuestra cultura y nuestras tradiciones”, expuso en su momento.
