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Cancún.- Ante los factores que amenazan el futuro de los arrecifes en el Caribe Mexicano , como la deficiente calidad del agua, el blanqueamiento de los corales, el Síndrome Blanco, la abundancia del sargazo, el desarrollo turístico masivo, entre otros, el gobernador de Quintana Roo , Carlos Joaquín González , se pronunció por la creación de una Ley Costera, la renovación del marco ambiental vigente y el respaldo financiero a la investigación científica.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) , Alfredo Arellano , la utilidad de una Ley Nacional de Costas permitiría el manejo integral de la zona costera, para vincular lo que sucede en la tierra y en el mar. El tema es complicado porque intervienen diversas dependencias con facultades y atribuciones distintas.
Desde hace años, se han impulsado iniciativas de ley en la materia, que no han avanzado; la más reciente data de abril del 2018, cuando en el Senado se propuso la creación de una Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas , que establece las facultades de la federación, los estados y municipios costeros para la conservación de ecosistemas costeros, manglares y dunas, por ejemplo.
Hasta el momento el tema no ha prosperado y, a falta de una ley de ese tipo, en Quintana Roo se creo un Fideicomiso de Manejo Integral de la zona costera , que financia proyectos y programas para la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de playas, dunas y arrecifes.
Entrevistado luego del inicio de la décima siembra de corales en arrecifes del Parque Marino Nacional Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún, Punta Nizuc , el ejecutivo del estado manifestó que pese a la disminución de recursos federales en materia de investigación, su gobierno financia el proyecto de reproducción y restauración coralina, además de asegurar los arrecifes de la zona norte e invertir en la introducción de drenaje sanitario en Holbox, Tulum, Chetumal y Bacalar.
El seguro paramétrico contratado con el Grupo Financiero Afirme -que incluye las playas de Cancún, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en un polígono lineal de 167 kilómetros costeros- es hasta por 3.8 millones de dólares, ante el impacto de huracanes con categoría 4 y 5. La póliza fue por un monto de 9 millones 262 mil 500 pesos, entró en vigor el 1 de junio pasado y concluye el 31 de mayo del 2020.
A pregunta expresa, el mandatario estatal descartó que exista una contradicción entre el gasto que representan estos esfuerzos y la autorización masiva de nuevos cuartos de hotel, que superan la capacidad gubernamental para la dotación de servicios que demanda el ritmo de crecimiento de la industria y la presión que ello ejerce sobre los recursos naturales.
Quintana Roo posee más de 100 mil cuartos de hotel y espera sumar un promedio de 30 mil más, entre los que están en obra y los autorizados, que no han comenzado a construirse.
“Yo creo que es fundamental que haya un crecimiento sustentable; cuando hablo de crecimiento sustentable, hablo de la parte naturaleza sí, medio ambiente, pero también de la parte económica y social. Es fundamental en la creación de empleo, en la generación de riqueza, en derrama económica.
“Lo que hay que hacer es que cada una de las inversiones tenga las condiciones de preservación y cuidado del medio ambiente que debe de tener. No puede haber depredación del medioambiente, eso sí sería totalmente contradictorio”, respondió.
Joaquín González consideró que los tiempos son otros y el concepto de desarrollo ha cambiado. Los proyectos pasan por un procedimiento de evaluación, a través de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) y existen instrumentos como los Programas de Ordenamiento Ecológico Local (Poel) y de Desarrollo Urbano (PDU), que establecen restricciones y reglas para el aprovechamiento, conservación y protección del espacio territorial y de sus recursos.
Sin embargo, Quintana Roo es ejemplo de que este tipo de instrumentos, no es garantía de desarrollo sustentable, ni de reglas claras, toda vez que hay MIAs que se elaboran como “trajes a la medida” para sacar adelante desarrollos turísticos que comprometen recursos naturales sensibles, falseando u ocultando información relevante.
En tanto, se han documentado casos en que los Ordenamientos y PDUs, se elaboran, actualizan y modifican a gusto del sector privado y en detrimento de los ecosistemas, sin contar con que carecen de criterios para planificar y mitigar o adaptarse a los impactos del Cambio Climático.
afcl
