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Hermosillo.- Tras la polémica desatada por la aprobación en el Congreso de Sonora de la “Ley Ingrid” y publicada en el Boletín Oficial del Estado, donde se criminaliza la publicación de videos y fotos de cadáveres, el gobernador Alfonso Durazo dijo que será modificada.
“La próxima semana se entregará al Congreso local la reforma a la ‘Ley Ingrid’, para acotar que las sanciones que dispone van dirigidas específicamente a servidores públicos que filtren imágenes de personas fallecidas relacionadas con investigaciones judiciales”.
“Reitero que en ningún momento se contempló la aplicación de sanciones por el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación y periodistas, ni en contra de grupos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas”.
Mi gobierno -expuso-, trabaja por y para beneficio de la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.
Se trata pues, a las adiciones que se realizaron al Código Penal del Estado de Sonora, publicadas en el Boletín Oficial del Estado el 6 de junio y que entraron en vigor el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión.
En concordancia con lo que establece la Ley “Ingrid”, aprobada el pasado 24 de marzo por la Cámara de Diputados y días después por el Congreso de Sonora, la pena mínima de prisión por dicho delito será de cuatro años y la máxima de diez, más multa que irán de 100 (9 mil 622 pesos) a 150 (14 mil 433 pesos) Unidades de Medida y Actualización, UMA’s.
La asamblea aprobó que en el Código Penal del Estado de Sonora se incluya un Artículo 167 QUATER, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 167 QUATER.- Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en su cualquier domicilio público o privado, se le impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por un importe equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este Artículo se incrementarán hasta en una mitad. Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte.
¿Cómo surgió la “Ley Ingrid”?
En la parte expositiva de la iniciativa se hace referencia a la llamada “Ley Ingrid”, la cual surge a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación, de las imágenes del cuerpo mutilado de una mujer a manos de su pareja, cuyo feminicidio ocurrió en la Ciudad de México el 9 de febrero 2020, y la divulgación masiva que indignó a la sociedad y exigió que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía.
“Si su pretensión es endurecer la protección de los derechos de las víctimas y combatir la violencia de género mediática, estimamos que Sonora no puede quedarse al margen, como no lo están haciendo otros estados en el país y han impulsado iniciativas como la que ahora motivamos”, establece.
Sobre todo, agrega, si la Ley General de Víctimas y la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia establecen que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tienen derecho a que se les garantice seguridad, protección, bienestar físico y psicológico.
Colectivos de búsqueda de personas y organizaciones periodísticas internacionales exigen al Congreso de Sonora, derogar las recientes adiciones que le realizaron al Código Penal del Estado, con la intención de armonizar la “Ley Ingrid”, pero con modificaciones que ponen en riesgo la libertad de expresión y a los integrantes de la prensa.
Ha sido la diputada de Morena, Alicia Gaytán quien se adjudicó estas reformas en aras, según justificó de reconocer y defender los derechos de los muertos y las muertas.
“Contrario a las interpretaciones que se han hecho y atendiendo a la exposición de motivos de la ley, esta no atenta contra la libre expresión ni tampoco busca sancionar a sectores sociales que, aun cuando publican imágenes o difunden fotografías de las personas a quien buscan, no lo hacen con un propósito doloso, amarillista o pernicioso, sino como la suma de legítimas acciones en su búsqueda de justicia”, expresó.
Abundó la diputada que las adiciones son parte del proceso de armonización a la legislación local con la federal y en atención a la solicitud ciudadana de organizaciones de mujeres.
El Congreso del Estado aprobó reformas enfocadas proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia de género y su normalización.
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