Cuernavaca.— La discriminación y la marginación en materia de salud sexual que se ejerce en el estado de Morelos contra miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ es una realidad que coloca en riesgo a sectores como mujeres trans y lesbianas, denuncia Brenda Sandoval Baena, integrante del colectivo Memoria y acción lésbica, con sede en esta entidad.
“En prevención del embarazo adolescente, planificación familiar, atención y prevención del VIH, las lesbianas no somos ninguna de las poblaciones objetivo de esas campañas”, deplora Sandoval Baena.
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Sin atención para comunidad trans
Denunció que la desigualdad para estos sectores es de tal magnitud que se debe llegar a extremos como un juicio de amparo para recibir atención, y puso como ejemplo el caso de una mujer trans que padeció un problema de salud sexual en sus genitales y debió recurrir al juicio de amparo para que el ISSSTE pudiera hacerle una reconstrucción.
El desdén por la comunidad LGBTTTIQ+, dice Brenda, también se hace evidente cuando las personas trans, que buscan un cambio de identidad de género —reconocido como derecho en Morelos— deben pagar más de mil pesos por el trámite, mientras que un acta de nacimiento para registrar a una niña o un niño cuesta 109 pesos.
Es decir, el trámite tiene un costo 10 veces mayor y todavía deben pagar la ratificación y eso lo hace poco accesible para muchas personas.
“Se supone que hay una clínica trans donde las personas pueden acceder al cambio hormonal y a Servicios de Salud de Morelos (SSM), pero sólo hay una persona de sicología y un médico general, entonces no hay una atención integral ni suficiente para el Estado”, lamenta la activista.
Pensando en las mujeres trans, afirma que las modificaciones que hacen para sentirse en la afirmación del género —que consiste en tener la imagen con la que se identifican—, tampoco hay accesibilidad a esos servicios de reasignación, y entonces surgen los problemas para algunas de ellas, porque tienen que tomar hormonas que no están recetadas o recurren a implantes que no están bien trabajados.
En la práctica, afirma, lo que sucede es que los SSM no tienen una oferta que responda a su salud o a sus necesidades.
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Discriminación a comunidad lésbica
Brenda Sandoval destaca otro problema de salud relevante: el cáncer cervicouterino, que es una de las principales causas de muerte de las mujeres en América Latina y en México. Al respecto, la activissta señala que no hay servicios de salud que las convoquen justo por su condición de ser lesbianas.
“Eso nos coloca en un riesgo diferenciado frente al cáncer cervicouterino, el cáncer de mama y otras afecciones de salud sexual”, afirma la activista.
Sandoval relata que ella ha enfrentado la discriminación en los Servicios de Salud de Morelos, donde muchas veces le niegan el acceso a pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS), VIH y hepatitis.
“Incluso, me ha pasado que cuando voy a servicios y respondo que no he tenido embarazos, no he tenido anticonceptivos y tampoco abortos me dicen ‘mejor ya no te sigo llenando el cuestionario porque no voy a saber qué poner’, justo porque les digo que no tengo porque soy lesbiana”, expone.
En esa condición, narra Brenda, algunos médicos simulan interés por su historial médico y de pronto comienzan las preguntas morbosas respecto a sus prácticas sexuales, lo que no tiene ninguna importancia médica.
Otras formas de rechazo social
La integrante del colectivo Memoria y acción lésbica de Morelos menciona otras formas de discriminación que viven las personas LGBTTTIQ+: una de ellas, señala, es que no se reconoce los mismos derechos a las madres lesbianas que no son gestantes, con una comaternidad.
“En general, las personas LGBTI enfrentamos mayor discriminación laboral. No sólo vivimos la brecha salarial, en el caso de las mujeres, sino que además tenemos más dificultades para acceder al trabajo. También las personas trans tienen problemas para acceder a la vivienda, porque muchas de ellas no cuentan con el apoyo y respaldo de sus familias y, por lo tanto, no tienen un aval para hacer una renta.
“Otras veces su identidad social no coincide con su identidad jurídica y eso hace que también sea muy difícil acceder a políticas que tengan que ver con la vivienda”, explicó.
En el caso de personas que viven con VIH, señala en muchas poblaciones enfrentan rezago en la entrega de medicamentos, una situación que —asegura— exhibe la estrategia de las farmacéuticas de no repartir suficiente medicamento a partir de las modificaciones de la Secretaría de Salud (Ssa) del gobierno federal.
Por el lado de las mujeres que son trabajadoras sexuales, explica que la mayoría de ellas son mujeres trans, aunque también hay mujeres bisexuales y lesbianas que siguen siendo condenadas, estigmatizadas y multadas por ejercer el sexoservicio.
Su trabajo, dice, es censurado por las autoridades de Salud en Morelos porque consideran que las trabajadoras sexuales son un problema de salud, y dejan de lado el aspecto garantista de derechos humanos.
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Una comunidad en la oscuridad
¿Qué porcentaje de mujeres de la comunidad buscan la afirmación de género?, se le preguntó.
“Es imposible saber porque para el Estado la sexualidad es una cosa privada. Hasta hace dos años que, por primera vez, el Inegi lanzó una encuesta sobre personas LGBT basada en la discriminación. Entonces, para el Estado nosotras conceptualmente no somos sujetos de derechos sino objetos de discriminación y esto es muy grave”, dijo.
Bajo ese principio, señaló, es difícil estimar el porcentaje de las mujeres trans que buscan la afirmación de género porque “no sabemos en realidad cuántas personas LGBTI somos, ni a qué derechos tenemos acceso.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en Morelos existen más de 112 mil personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+, las cuales representan 7.2% de la población total de la entidad.
¿Pasadas las elecciones, crees que mejoren las condiciones para la comunidad de diversidad sexual?, se les cuestionó.
“Tuve la oportunidad de seguir a los candidatos y había candidatas que desde el inicio saludaban, ‘compañeras, compañeros y compañeres’, reconociendo a las personas que no se identifican en el binarismo de género y que ahora parece que este espíritu de reconocimiento favorece tanto a las mujeres en lo amplio como a las personas LGBTI, es decir, a las personas que vivimos violencia y discriminación basadas en los roles y estereotipos de género”, indicó.
¿Van a ser alguna acción para demandar que se cumplan con los compromisos que asumieron las candidatas?, se le insistió.
“Ambas. Me parece que lo que sigue para el movimiento LGBT será acompañar los proyectos en los que nos sentimos sumadas, que sea suficientemente comprendida esta discriminación y esta condición de vulnerabilidad, y también mantener la exigibilidad, como ha sido siempre”, argumentó.
¿Ves cercano una sociedad distinta, de reconocimiento, de convivencia?, se le interrogó.
“De entrada, hay muchas cosas qué celebrar, como las candidaturas reales de personas LGBT. Es favorable que por primera vez tengamos una presidenta y una gobernadora y me parece que hay oportunidades para que nuestras condiciones mejoren”, opinó la activista.
“Creo que vamos a lograr avanzar con que se reconozcan las diferencias respecto al ejercicio de violencia que vivimos, sobre todo después de lo que le pasó al magistrado Uziel Baena [asesinado el 13 de noviembre de 2023]. Creo que ahora hay un contexto en el que es evidente que sí vivimos diferentes formas de violencia y que hasta ahora, por ejemplo, en el Código Penal de Morelos no hay un solo agravante por odio, en el caso de la violencia por prejuicio basada en orientación sexual e identidad de género, creo que por ahí hay una oportunidad de avanzar”, explicó.
“Generalmente se piensa que nosotras buscamos un espacio específico para personas LGBT, acciones en particular, pero basta con que se cumpla el derecho a la igualdad y no discriminación, es más fácil hacerlo transversal en los servicios que ya existen, y creo que en este momento tenemos posibilidades de avanzar en ese sentido, subrayó.
¿Hay algún proyecto para presentar alguna iniciativa en este sentido?, se le cuestonó.
“Tenemos algunas propuestas que son legislativas, como el reconocimiento como agravante de la violencia, pero también tenemos otras que son de carácter ejecutivo, por ejemplo, la creación de un albergue para personas LGBTI adultas mayores, jóvenes que viven con VIH, que viven violencia familiar, abandono.
“Creo importante dimensionar que nuestras pugnas no sólo son con respecto a las condiciones de desigualdad que vivimos, sino que en realidad están enmarcadas en un proyecto amplio de paz, de justicia, sobre todo de justicia de género, y de una construcción de una sociedad que nos permita garantizar derechos a todos independientemente de cómo decidamos vivir nuestras vidas, precisó.
