Cuernavaca.— La incursión de Cuauhtémoc Blanco Bravo en la política mexicana inició mal y terminó peor. A la contienda para alcalde de Cuernavaca, en 2015, llegó mediante un contrato de 7 millones de pesos, compitió bajo la sospecha de alterar sus datos para cumplir con la residencia morelense y, como alcalde, permitió presuntamente la infiltración del crimen organizado en el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC).
Durante su administración (2015-2018) fueron designados Sergio Flores como jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, y María Luisa López como directora del SAPAC. El primero fue asesinado en noviembre de 2018 y la directora en marzo de 2019.
La sospecha de la supuesta relación de Blanco Bravo con grupos criminales se acentuó en enero de 2002, en su tercer año como gobernador del estado, con una fotografía en la que posa con personas señaladas como líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Irving Eduardo Solano Vera, El Profe, y Raymundo Isidro Castro, El Ray, así como con Homero Figueroa Meza, La Tripa, identificado como cabeza del Comando Tlahuica.
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Irregularidades como alcalde
En la administración pública, el ídolo del balompié nacional mostró el cobre en su primera gestión como alcalde, porque junto a sus mentores políticos, los hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno, se ufanó de haber conseguido una donación de asfalto con la empresa Corporativo Constructor de Morelos; sin embargo, todo fue una farsa.
Al concluir con los trabajos de pavimentación, la empresa reclamó el pago del material y para cubrir la omisión del procedimiento licitatorio, el gobierno de Blanco Bravo suscribió un convenio de reconocimiento de 32 millones de pesos de adeudo, y con ese escrito la empresa inició un juicio.
Nadia Luz María Lara Chávez, exconsejera jurídica del ayuntamiento de Cuernavaca en el trienio 2021-2024, responsable de dar seguimiento al caso, recuerda que los abogados de la administración de Blanco acusaron la falsificación de la firma del alcalde en el convenio, pero no ofrecieron ninguna prueba para demostrarlo, por lo que el juicio se fue en “rebeldía” y se dictó sentencia en contra del ayuntamiento.
Así, el gobierno de José Luis Urióstegui Salgado, en su primera administración 2021-2024, debió pagar más de 60 millones de pesos.
En 2016 el constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas presentó dos solicitudes de juicio político contra Blanco Bravo, por incumplir con los cinco años de residencia mínimos para aspirar a edil de Cuernavaca, y otra porque aceptó en donación obras públicas de asfalto de una empresa presuntamente afín al patrocinio económico de su campaña.
La irregularidad, dijo en su momento, es que el entonces alcalde no consultó y tampoco tuvo la autorización del cabildo para aceptarlas.
El sello del gobernador
Así comenzó Cuauhtémoc Blanco en la administración pública y terminó con el sello de corrupción en las 17 secretarías del gobierno estatal, en las que se ha detectado, de forma preliminar, un desvío de 40 millones de pesos aproximadamente, afirmó la contralora estatal, Alejandra Pani Barragán.
El exgobernador contó siempre con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y así libró la investigación del caso Primavera contra su manager José Manuel Sanz, en el que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transferencias internacionales por 741 millones de pesos.
López Obrador también detuvo la andanada de críticas por la foto donde posó con líderes criminales, y en las últimas visitas a Morelos acalló las protestas que advertían sobre el tufo de corrupción.
La llegada de Margarita González Saravia al gobierno de Morelos significó un rompimiento con la inercia política, al anunciar una serie de denuncias para castigar la corrupción detectadas en la administración de 2018 a 2024.
“A la Contraloría no le va a temblar la mano para actuar con firmeza y responsabilidad”, dijo la contralora estatal, Pani Barragán.
Las denuncias
El lunes 13 de enero la contralora y el consejero jurídico, Edgar Maldonado Ceballos, acudieron a la Fiscalía Anticorrupción para presentar seis denuncias, cuatro de carácter penal y dos administrativas, por el delito de ejercicio abusivo de funciones, contra exsecretarios y extitulares del gabinete de Blanco Bravo.
El vicefiscal anticorrupción, Edgar Núñez Urquiza, secundó a la contralora estatal en su intención de revisar con lupa los supuestos actos irregulares cometidos en la administración anterior.
“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. En esta fiscalía hay hombres y mujeres valientes y capacitados en la materia”, dijo.
Afirmó que del primer análisis de las denuncias advierten conductas delictivas que afectan al erario público, a la administración pública y a las actividades que realizan servidores públicos, que pueden ser considerados como peculado, ejercicio abusivo de funciones, e incluso tráfico de influencias.
Urquiza dijo que una denuncia es contra la exsecretaria de Desarrollo Económico, Ana Cecilia Rodríguez, y algunos directores generales por la planeación de la remodelación de cuatro bodegas interiores del mercado Adolfo López Mateos.
Otra denuncia es contra el director general del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad, Juan Diego Pons Díaz de León, quien planificó y estableció los lineamientos y el monto para las mejoras de las bodegas. La tercera denuncia es contra la exsecretaria de Obras Públicas, Leticia Nolasco Ortigosa, porque de forma indebida detuvo los trabajos de las cuatro bodegas del centro de abastos.
La cuarta denuncia corresponde al Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq) en el que, indicó el vicefiscal, se “maquilló” o se estructuró de forma “fantasma” o inexistente un evento artístico porque no establecieron el artista ni el lugar en el cual se iba a presentar.
El vicefiscal informó que con antelación iniciaron investigaciones contra los titulares del Fideliq y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) por presuntos actos de corrupción. En el primero por la venta indebida o duplicada de terrenos en el circuito del Lago de Tequesquitengo, mediante créditos otorgados por el Instituto de Crédito del Estado.
En las investigaciones figuran como compradores la exdirectora del Instituto de Crédito, Fabiola del Sol Urióstegui; la diputada federal de Morena, Sandra Anaya, ambas excolaboradoras cercanas a Cuauhtémoc Blanco, y Gerardo Becerra Chávez, exzar anticorrupción, entre otros.
En este caso, la gobernadora Margarita González Saravia hizo un llamado a los exservidores públicos para devolver los predios.
Al respecto, Becerra Chávez dijo que pagaron 400 pesos por metro cuadrado con un interés de 6% anual y un periodo de pago a ocho años. También defendió su derecho a mantener los predios porque, dijo, todo lo hizo legal.
El jueves, el consejero Jurídico, Edgar Maldonado, informó que al menos cinco exfuncionarios solicitaron informes sobre el trámite administrativo para la devolución.
En el caso de la Sedagro, la fiscalía anticorrupción mantiene en resguardo cuatro bodegas donde las autoridades anteriores almacenaron de forma irregular fertilizantes e insumos destinados a campesinos. Las bodegas pertenecen a la familia del extitular de Sedagro, Omar Taboada Nasser, quien llegó al cargo por recomendación de Ulises Bravo, hermano del exgobernador.
Los casos pendientes
El vicefiscal Edgar Núñez Urquiza precisó que en las primeras denuncias presentadas por el gobierno estatal no señalan al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, aunque recordó que existen tres denuncias que se llevaron ante el Congreso de Morelos para solicitar un juicio de procedencia en contra del exmandatario, pero, hasta la fecha, el Poder Legis- lativo no ha dado respuesta.
Las carpetas de investigación tienen dos años y ante la falta de respuesta del Congreso local, las investigaciones siguen abiertas porque ahí sí está Blanco en calidad de imputado e investigado.
Las carpetas abiertas son por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilícito y enriquecimiento ilícito. El primero está relacionado con su lugar de residencia, el segundo corresponde a la falta de un permiso legislativo para ausentarse del país y dejar al secretario de Gobierno sin facultades. El otro tema es por enriquecimiento de verificación de sus ingresos.
“Esos temas están en el Congreso y estamos a la espera. Independientemente de ello hicimos los actos jurídicos para quitar la protección constitucional y tendríamos que ir viendo qué sigue”, dijo.