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Durante el último año del gobierno de J avier Duarte (2016) se entregaron millonarios recursos económicos al campo sin que existiera evidencia de los proyectos ni de las personas que los recibieron.
Las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) al ejercicio fiscal de 2016, detectaron un presunto daño patrimonial cercano a los 550 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpa) y en el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (Fiverfap).
Los resultados de las revisiones que fueron turnados al Congreso del Estado establecen que en la Sedarpa se encontraron irregularidades en el manejo del dinero por 42 millones de pesos, y en el Fiverfap por 488 millones.
En ambos casos hubo anomalías en diversos programas y fondos, entre ellos el de Fomento a las Actividades Productivas del Sector Primario; Equipamiento Agropecuario en Fomento a la Transferencia de Tecnología y Fortalecimiento del Control de la Movilización Animal en el Estado.
Así como en Fertilización de Cultivos Básicos; Fortalecimiento de Granos Básicos y Oleaginosas y Fertilizantes para Maíz, Sorgo y Frijol.
Por ejemplo, en cuanto al fideicomiso, encontraron que existen depósitos por 236 millones de pesos en una de las cuentas bancarias, sin que se sepa a qué ejercicio, fuente de financiamiento, programa y/o componente corresponden.
Los auditores detectaron salidas de recursos por 440 millones de pesos sin documentación comprobatoria, ni soporte documental de que la disposición se realizó con cargo a la disponibilidad de los recursos.
Todos ellos sin expediente que contenga documentos presentados por el beneficiario, evidencia de la entrega de apoyos, subsidios o incentivos otorgados. Tampoco se encontraron los comprobantes de contratos, facturas y/o recibos oficiales del recurso recibido.
Por último, el fideicomiso no presentó evidencia de haber publicado en ventanillas los listados con los folios de las personas que recibieron y no recibieron apoyos.
Pago a fantasmas. En el mismo fideicomiso se detectó que se pagó periódicamente a 53 personas un importe total de 7 millones 488 mil pesos, de los cuales no se mostró evidencia de los contratos, recibos de honorarios y documentación que justifique, en su caso, la contratación y pagos efectuados. Si bien es ilegal pagar sin recibos.
Además, el Convenio de Coordinación de Desarrollo establece que los programas y componentes no contarán para su operación con estructura técnica y administrativa.
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