Más Información
Ante el segundo caso de abuso policial que se ha dado a conocer esta semana en Oaxaca, y ante las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas presuntamente por policías municipales de San Pablo Huitzo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación de oficio sobre los hechos que causaron la muerte de un joven de 20 años y graves lesiones a otro de 19.
Este caso se dio a conocer sólo a unos días del asesinato de Alexander, un joven futbolista de 16 años que murió a causa de un balazo que salió del arma de un policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, en la región de la Cuenca del Papaloapan; el ataque también dejó herido a otro joven de 15 años.
Ante este panorama, el órgano autónomo advirtió que existen “fallas estructurales” en los cuerpos de seguridad municipal en la entidad, pues además de estos dos casos, la DDHPO tiene documentados, en lo que va del año, dos muertes al interior de los centros de detención municipal de El Espinal y Matías Romero, municipios del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con datos de la Defensoría, en lo que va del año, suman 120 las quejas interpuestas por actuaciones violatorias de derechos humanos cometidas por corporaciones policíacas municipales, cuyos motivos principales son la “falta en la motivación de los actos de autoridad”; “detención arbitraria”, “uso indebido de la fuerza”, “tratos crueles o inhumanos”, “suspensión arbitraria de los derechos de una persona”, “imposición de penas o sanciones crueles e inhumanas”, “detención ilegal”, “agresiones” y “amenazas”.
Durante 2019, la Defensoría recibió mil 344 quejas contra autoridades municipales, de las cuales casi el 20% estuvieron relacionadas con actos de abuso de autoridad cometidas por directores, comandantes, tenientes y elementos de las policías municipales.
A esta situación, el órgano autónomo suma que derivado de la pandemia de Covid-19 en el estado, se dio un incremento de la vigilancia policial por la instalación de filtros sanitarios o cierres de fronteras municipales en 146 localidades al interior del estado, de acuerdo a un recuento efectuado por la institución, “sin que exista en la mayoría de los casos, un protocolo de actuación por parte de los elementos policíacos municipales o personal que se encarga de su resguardo”.
Por esta razón, la Defensoría señaló la urgencia de establecer procesos de formación, sensibilización y acreditación de los elementos municipales, así como de “fortalecer los controles de confianza y profesionalización de los elementos”.
vare/ed
