Más Información
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una una investigación contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz por su probable omisión en brindar protección al periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez , asesinado el viernes pasado.
El fiscal Jorge Winckler Ortiz reveló que la familia del periodista asesinado en la comunidad La Bocanita, del municipio de Actopan, dio a conocer que desde el 19 de julio la dependencia estatal retiró los elementos encargados de realizar rondines y visitarlo en su domicilio.
La Secretaría de Seguridad Pública justificó ante autoridades ministeriales que se hizo una rotación de personal, lo que habría generado la suspensión de las medidas de protección ordenadas por la autoridad ministerial.
“De manera formal había la orden ministerial de otorgarle medidas de protección, lo que tenemos de información de la familia y de la SSP es que estas medidas cautelares se continuaron hasta 15 días antes de que fuera privado de la vida
", indicó.
Winckler Ortiz adelantó que la principal línea de investigación en la muerte del reportero es su labor periodística en la carpeta UIPJ/-1/DXl/F9/4559/2019.
Narró que Celestino se encontraba en su negocio cuando dos sujetos armados ingresaron en el domicilio del comunicador , utilizaron un arma corta y una larga para disparar.
En el lugar fueron hallados cuatro casquillos calibre 0.45 milímetros y cuatro 0.223 milímetros, además se encontraron 12 indicios balísticos, 8 casquillos y 4 proyectiles.
Dijo que se hicieron cuatro disparos desde el exterior y uno de los hombres ingresó al domicilio y disparó con el arma corta a Celestino Ruiz Vázquez , lo que le causó un traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas de cráneo, cuatro heridas en la región occipital y dos más a la altura de clavícula.
“Lo entraron a rematar con un arma corta”
, dijo el fiscal al señalar que actualmente se investiga a muchas personas relacionadas con el reportero de El Gráfico de Xalapa , que el año pasado denunció amenaza de muerte y agresiones en su contra.
Convocó a la Comisión Estatal de Atención Víctimas y la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) a intervenir en este caso, debido a que la familia del comunicador no cuentan con seguridad social y su negocio está cerrado.
