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Guadalajara.— La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) investiga si el gobierno del estado actuó de forma correcta al ordenar el desmantelamiento de una de las cajas refrigeradas de tráiler en el que durante más de dos años almacenó cuerpos de personas no identificadas, ya que organizaciones civiles han denunciado que este hecho implica la destrucción de evidencia.
Desde la semana pasada el gobierno local informó sobre esta acción a la comisión de observación que se conformó después de que estallara la crisis del manejo de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Tanto el Colectivo Por Amor a Ellxs como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) mostraron su inconformidad con el hecho por considerar que se estaría destruyendo evidencia para deslindar responsabilidades ante la presunta negligencia de las autoridades.
La explicación que dio la administración del priísta Aristóteles Sandoval para ordenar la destrucción de la caja de tráiler que en septiembre deambuló por varios municipios del área metropolitana de Guadalajara con 273 cuerpos no identificados tiene que ver con garantizar que no se vuelva a utilizar para ningún fin.
Ante esto, la CEDHJ señaló que se investigará si las autoridades cumplieron con los requisitos marcados por la legislación vigente para la destrucción del tráiler.
El organismo recordó que se emitió una medida cautelar donde se solicitó la intervención de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco para evaluar el caso, y contar con autorización previa del Ministerio Público competente, por las evidencias que pudieran tener relación con la caja destruida.
En tanto, desde el 25 de octubre la Contraloría de Jalisco interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del estado por la presunta renta irregular de estos dos contenedores por parte de la Fiscalía del estado.
La contralora Teresa Brito explicó que hay indicios de peculado y uso ilegal de atribuciones por este caso, ya que no se encontraron contratos, fianzas ni registros de los pagos realizados al proveedor.
Hasta ahora, de los 444 cuerpos que permanecían en condiciones inadecuadas en el IJCF, se han inhumado 351, de los cuales 326 son de hombres y 25 de mujeres.
