Más Información
Villahermosa.— Por presunto uso indebido del servicio público, peculado y delitos contra el erario, el exgobernador Arturo Núñez Jiménez y su esposa, Martha Lilia López Aguilera, fueron demandados ante la Fiscalía General del Estado (FGE), además de varios de los funcionarios que lo acompañaron durante su sexenio.
De acuerdo con la FGE, la fracción parlamentaria del PRI, encabezada por su coordinador, Gerald Washington Herrera, presentó una querella, por lo que se abrió una carpeta de investigación que atiende la Dirección General de Delitos Comunes.
En la misma se señalan como presuntos responsables al exmandatario perredista y a quien fuera presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, organismo que sólo en 2018 manejó recursos por casi mil millones de pesos.
Esta demanda también incluye a los extitulares de las secretarías de Planeación y Finanzas, de Gobierno, de Administración, de Salud, de Educación, Contraloría, de Recursos Naturales y Protección Ambiental, así como de Desarrollo Social.
“Las acusaciones son el uso indebido del servicio público, peculado, así como delitos contra el erario, quedando como agraviados la sociedad y el patrimonio del estado”, informó la FGE.
La dependencia señaló que corresponde a los fiscales del Ministerio Público desahogar las diligencias respectivas y recabar los indicios y datos de pruebas que puedan servir para judicializar la carpeta de investigación, así como acreditar en su oportunidad el delito y el monto de la reparación del daño.
“La FGE manifiesta que se actuará bajo el marco legal establecido, reiterando que no existen compromisos ni intereses de por medio, sino el respeto por el Estado de derecho y la correcta procuración de la justicia”, sentenció en un comunicado.
Los legisladores del PRI acusan que en 2018, último año del gobierno de Núñez Jiménez, se presentaron severas irregularidades, hecho que el mismo Órgano Superior de Fiscalización señaló al identificar un faltante de 4 mil 392 millones de pesos en el informe de resultados de cuentas públicas entregado al Congreso local.
