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Monterrey.— Mediante un mecanismo plagado de vicios que habría involucrado a magistrados, jueces, actuarios, notarios públicos, empresarios y funcionarios federales, fueron despojados de sus viviendas más de 33 mil trabajadores de Nuevo León que tuvieron problemas para pagar sus créditos del Infonavit, denunciaron el empresario Mario Alberto Sánchez Zúñiga y el abogado Jesús Alberto Velázquez Rascón.
En rueda de prensa, al iniciar una “cruzada” por toda la República para buscar que se restituya el patrimonio de los afectados, estimaron que en todo el país son más de 300 mil familias despojadas de sus viviendas por un monto global de entre 70 mil y 90 mil millones de pesos, aunque actualmente sólo se ha destapado este “fraude masivo” en Nayarit y Coahuila, donde hay al menos 10 jueces y 20 secretarios de juzgado suspendidos.
Ayer, ambos anunciaron el inicio de esta campaña en Nuevo León, donde estimaron que el problema es mayor que en Coahuila y Nayarit, ante lo cual pedirán la intervención de la fiscalía estatal y que su similar de Nayarit dé vista de las irregularidades en las que han participado jueces y funcionarios nuevoleoneses, que configurarían delitos como asociación delictuosa, delincuencia organizada, falsificación de documentos y fraude procesal.
El lunes presentaron ante un juzgado federal la primera demanda, en nombre de un matrimonio que obtuvo un crédito conyugal del Infonavit. Explicaron que uno de los dos no pudo cumplir con el pago y hace dos años les quitaron la casa.
Sin embargo, al acreditado dos, que recibió la mayor parte del préstamo, se le ha seguido descontando por una vivienda que ya no es suya, debido a que el instituto tiene registrada su recuperación.
Sánchez Zúñiga mencionó que este esquema de fraude se puso en práctica entre 2013 y 2018; lo detectó en 2015, al comprar una casa en Chihuahua a una persona que tenía un adeudo con el Infonavit, pues el 15 de noviembre de ese año, al concluir la escrituración del inmueble a su nombre, se dio cuenta de que estaba adjudicada al instituto mediante un juicio en su contra.
Al promover un amparo, dijo el empresario, un juez federal requirió copia del expediente al Juez Civil de Compostela, Mario Alberto Cervera, quien contestó que no existía, aunque para esa fecha él había conseguido, con apoyo del abogado Velázquez Rascón, una “escritura masiva” de 498 inmuebles con el mismo número de expediente, firmado por el referido Cervera López.
El empresario y el abogado señalaron que así empezaron a desentrañar la madeja de una gran red de complicidades que involucró a magistrados, jueces, actuarios, notarios, registradores de la propiedad, inmobiliarias, despachos de abogados, gobernadores, alcaldes y funcionarios del Infonavit.
