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Xalapa.— Uno de los principales proyectos en materia de seguridad del entonces gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, se convirtió a la postre —de acuerdo con el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez y auditorías oficiales— en un megafraude oficial.
El Sistema Estatal de Vigilancia que Yunes Linares pregonó como uno de sus principales planes para bajar los altos índices delictivos en la entidad, acabó con un presunto desvío de recursos por más de mil millones de pesos.
Fue en el marco de la 44 reunión del grupo de Coordinación Veracruz, celebrada el 22 de octubre de 2017, cuando Yunes anunció el Sistema Estatal de Vigilancia, el cual tendría una inversión de más de 700 millones de pesos.
El entonces gobernador describió que las cámaras de vigilancia serían de última generación, con un sistema para detectar movimientos inusuales, registrar placas de vehículo y permitir el reconocimiento facial, todo vinculado con los sistemas de archivo de Plataforma México de forma automática, las cuales serían instaladas en entradas y salidas de ciudades, casetas de cobro, centros comerciales y zonas turísticas.
El Sistema Estatal de Videovigilancia comprendía 6 mil 476 cámaras instaladas en seis regiones del estado: Pánuco (380 cámaras), Poza Rica (mil 112), Xalapa (mil 228), Veracruz (mil 868), Fortín (676) y Cosoleacaque (mil 52), es decir, más de 21 mil kilómetros cuadrado de tierra con cobertura.
El sistema se completaría con la instalación de arcos carreteros equipados con cámaras especializadas de alta definición para detectar matrículas de vehículos robados, captar rostros y con la capacidad de lanzar una alarma ante algún incidente.
No obstante, este programa estrella derivó en un presunto desvío de recursos de más de mil millones de pesos, irregularidades administrativas y operativas, de acuerdo con lo detectado por la Cuenta Pública 2017 del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
La puesta en marcha del Sistema Estatal de Videovigilancia tuvo varios cambios, primero Yunes Linares dijo empezaría a funcionar en mayo de 2018 y no fue así.
La siguiente fecha era el 15 de septiembre, pero igualmente se aplazó para el 10 de octubre. Faltando pocos días para que culminara el bienio yunista, el sistema seguía sin operar.
En la Cuenta Pública de 2017, el Orfis reveló que la empresa ganadora del programa, Comtelsat S.A, de C.V., incumplió con el contrato. Su plazo para la instalación de los equipos vencía en julio de 2018, y fue hasta noviembre cuando entró en operación de manera parcial.
También reveló que la inversión ya no sería de 700 millones de pesos, como anunció Yunes, sino de mil 160 millones de pesos, los cuales serían pagados en los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, además de un costo adicional de 116 millones de pesos, pues la empresa Comtelsant instalaría la red eléctrica para la operación de las cámaras de seguridad.
En días pasados, el gobernador morenista Cuitláhuac García advirtió que se denunciaría por fraude a la gestión yunista, tras verificar que sólo 28% de las cámaras estaban operando.
Otras irregularidades que la auditoría reveló es que las cámaras se quedaron muy lejos de ser especializadas, pues la empresa Comtelsat dispuso de aparatos por debajo de la calidad requerida, ya que no sirven para identificar rostros o placas.
De las 6 mil 316 cámaras adquiridas, menos de la tercera parte funciona; es decir, sólo mil 695. Sin embargo, las imágenes que emiten son de baja calidad, pésima visión óptica y no envían la señal en tiempo real a los centros de mando y control.
La revisión detectó también instalaciones eléctricas improvisadas y falta de licencias de todos los programas instalados, postes que no cumplen con el tamaño estándar, gabinetes en la parte superior de los postes que pueden incendiarse en cualquier momento por no tolerar altas temperaturas. Aún más, las actas circunstanciadas del Orfis, en poder de la SSP, documentan que tras la revisión de los subcentros de Pánuco, Poza Rica y Cosoleacaque se indicó un fraude por el incumplimiento de prácticamente todas las cláusulas del anexo del contrato denominado “Adquisición, Suministro, Electrificación e Instalación y Puesta en Operación de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV”.
En el citado contrato, la SSP, dependencia que encabezaba Jaime Téllez Marie, pagó 160 millones de pesos a pesar de que la empresa Comtelsat no había instalado ninguna cámara, según lo estipulado.
