Más Información
estados@eluniversal.com.mx
Villahermosa.— El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Pedro Calcáneo Argüelles, anunció el jueves que se interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al Código Civil del Estado, también conocida como la Ley Garrote.
En dicho artículo se sanciona hasta con 20 años de prisión a las personas que extorsionen o bloqueen vías de comunicación o los accesos a empresas públicas y privadas, o impidan la ejecución de obras públicas.
El ómbudsman tabasqueño explicó que la impugnación fue presentada luego de conocer el sentir de los ciudadanos. Indicó que también se escucharon a los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, por lo que ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que deberá pronunciarse en favor o en contra de esta reforma, que fue propuesta ante el Congreso a iniciativa del gobernador Adán Augusto López Hernández y avalada por la mayoría de los legisladores.
“Ayer [miércoles] presentamos la acción de inconstitucionalidad. Fueron 504 opiniones que recibimos a través del Facebook y correos [electrónicos], además de invitaciones que hicimos. Se consultó a la sociedad para que aporte razones, y esas son las que, entre otras cosas, nosotros analizamos”, indicó Calcáneo Argüelles.
El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos señaló que ahora sólo resta esperar que la SCJN se pronuncie: “Ya está en la cancha de la Corte, no de la Comisión”, apuntó.
Por su parte, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, señaló que su administración es respetuosa de la decisión tomada por la CEDH y esperarán a que sean notificados para defender esta reforma al código civil que fue aprobada el pasado 29 de julio.
“Nosotros sostenemos que es una reforma que no viola las garantías individuales, no atenta contra los derechos individuales, que está garantizado en Tabasco la libertad de expresión y de manifestación. Cuando seamos notificados tenemos la obligación legal de defender los intereses del estado”, concluyó el mandatario.
