Implican a 31 en desapariciones forzadas en Veracruz

Ante el Juez de Control que lleva el caso de los ex funcionarios, ex jefes policíacos y ex agentes vinculados a desapariciones forzadas, la Fiscalía General de Veracruz reveló el modus operandi oficial y dio a conocer que los 15 jóvenes víctimas eran considerados como halcones de Los Zetas.

Las autoridades ministeriales además pusieron nombres a las personas que fueron desaparecidas presuntamente como parte de una política de Estado en la que estaban inmiscuidos 31 ex funcionarios, ex jefes policiales y agentes, de los cuales 19 se encuentran presos.

Las investigaciones presentadas ante el juez señalan que eran elementos de la Policía Estatal quienes capturaban a jóvenes sospechosos de ser “halcones” de la organización delictiva “Los Zetas”, a quienes interrogaban bajo tortura.

Posteriormente, las víctimas presuntamente eran entregadas a agentes de la Fuerza Especial y desde entonces desaparecían.

Los jóvenes supuestamente desaparecidos son José Ulises Martínez Fernández de 30 años; Jorge Leal Amaro de 20; Liberio Hoyos Castañeda de 20; Uriel Hernández Vega de 18; Antonio Morales Marín de 22; Bibiana Hernández Moguel de 17 años; Cecilia de la Cruz Luján, de 17; Héctor Jesús Hoyos Barradas, 16.

Asi como José de Jesús Martínez del Ángel, de 21; Alberto Huerta Acosta, de 23; Héctor Campos Cornelio, de 16 años; José Cruz Peralta Nava, de 19; Carlos Alberto Ruiz Barbadillo, Humberto Ruiz Arcos, Andrés Aguilar Marín y Jaqueline Espejo Moctezuma.

El informe oficial señala que no había reportes oficiales de las detenciones de los jóvenes y sólo tarjetas informativas que eran enviadas a los a los mandos.

El Gobierno de Veracruz acusó formalmente el miércoles a 19 ex funcionarios y ex jefes policíacos del gobierno de Duarte de Ochoa de la desaparición forzosa de 15 personas, entre ellos dos mujeres y dos niños.

El ex subsecretario de Operaciones y ex Secretario de Seguridad en los últimos meses del 2016, José Nabor Nava Holguín, fue declarado prófugo de la justicia y el gobierno estatal ofreció una recompensa de un millón de pesos.