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Guanajuato.- Ante los “terribles hechos” registrados en Centros de Rehabilitación (anexos) de la entidad por negligencia, abusos y homicidios, el diputado del Partido Verde, Luis Gerardo Suárez Rodríguez, presentó una propuesta de ley para que la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado ejerzan actos de supervisión en esos lugares.
El legislador documentó diversos hechos violentos ocurridos en los denominados anexos de Guanajuato entre 2018 y 2020, uno de ellos la masacre registrada en julio pasado en un centro de rehabilitación de Irapuato, en donde 27 personas fueron ejecutadas.
“Es evidente que la falta de supervisión en estos centros genera graves negligencias, una de ellas ocurrida en la ciudad de León, a principios de 2019, con un joven de apenas 17 años que se encontraba ‘internado’ en un anexo”; este muchacho murió, según datos de la Fiscalía General del Estado, a causa de una golpiza en la que probablemente intervinieron más personas, expuso el legislador.
Del mismo modo, en el centro Juventud Vida y Esperanza , a causa de una herida por arma blanca, un joven de 16 años murió en marzo de 2019. Asimismo una mujer de 26 años que murió al caer sobre el asfalto aparentemente por tratar de huir del centro de rehabilitación “La Lupita”.
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Otro hecho de alto impacto fue el ataque armado a al anexo “Recuperando mi Vida” en el que mataron a 27 personas y 5 más fueron heridas, así como el atentado al centro de rehabilitación “Empezando una Nueva Vida”, también de Irapuato, en donde murieron 10 personas.
El diputado del PVEM señaló que los llamados anexos en muchos casos pareciera que sólo son negocios, pues no cuentan con los servicios integrales que requieren para cumplir el objetivo por el que existen.
Aunado a lo anterior, no existe por parte de la autoridad sanitaria un informe del total de personas que ingresan a estos establecimientos, por lo que se ignora cuántas se rehabilitaron y continuaron con su tratamiento o cuántas claudicaron.
“Excusas y declaraciones hay muchas por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado tratando de justificar su ineptitud ante la inseguridad que vivimos”, espetó.
De acuerdo con el diputado, en Guanajuato a principios del año 2020 conforme al registro de la Dirección General de Protección Contra Riesgos Sanitarios en la entidad de principios de 2020 hay 243 anexos, de los cuales casi el 80% se encontraba sin cumplir con las normas para su operación.
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Muchos prestaban servicios en condiciones insalubres e incluso “existen testimonios de personas en rehabilitación que mencionan ofensas, maltrato psicológico y físico, y eso sin contar aquellos que operan de forma clandestina”.
En su iniciativa, el diputado plantea dar facultades a la Secretaría de Salud para que solicite a estos establecimientos la información de las personas que se encuentran tratando sus adicciones, mencionando altas y bajas, así como cuántos de éstos realmente superaron su adicción, lo cual servirá para medir y poder implementar políticas públicas para la prevención, atención y tratamiento de las adicciones en el Estado.
Esa información también servirá como cotejo con la Fiscalía General del Estado, para saber si dentro de estos establecimientos hay personas que cuenten con un proceso abierto por la comisión de un delito.
Dijo que se tienen antecedentes de que hay personas que se ocultan en esos lugares para evadir la justicia.
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