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El Gobierno de Coahuila y la Unión Ganadera Regional del Estado exigieron el cierre de la frontera sur del país a causa del brote de gusano barrenador que ha generado un impacto en la exportación de ganado.
Jesús María Montemayor, secretario de Desarrollo Rural del Estado, y Abel Ayala, presidente de la Unión Ganadera Regional, consideraron que el cierre de la frontera sur será la única medida que podría reestablecer la confianza del gobierno de los Estados Unidos, al demostrar un control sanitario real en el tránsito fronterizo.
También plantearon como acciones, la limitación de movimientos de ganado del sur hacia el centro y norte del país, y establecer una zona de contención, dividiendo al país en regiones para contener la expansión de la plaga y proteger las zonas exportadoras.
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Tanto gobierno como ganaderos propusieron la creación de un Comité Nacional contra el Gusano Barrenador y otorgar a los estados exportadores la facultad de inspección y control del ganado en tránsito con el objetivo de blindar sus hatos contra posibles contagios.
Asimismo, pidieron solicitar una prórroga inmediata para las exportaciones ganaderas, pues señalaron que Coahuila y otros estados cumplen con los requisitos sanitarios internacionales y están libres de gusano barrenador. Por ello, se pidió una ventana de exportación temporal para permitir la salida de ganado ya certificado y no afectar más a los productores.
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Otro planteamiento que hicieron fue la formación de una comisión de gobernadores de estados exportadores. El objetivo de este grupo es dar seguimiento permanente al tema, impulsar acuerdos binacionales y supervisar que las estrategias se implementen con rigor técnico y coordinación federal.
Este grupo interinstitucional dará seguimiento permanente al tema, impulsará acuerdos binacionales y supervisará que las estrategias se implementen con rigor técnico y coordinación federal.
El secretario y el representante de los ganaderos en Coahuila consideraron que la omisión o demora ante este problema solo profundizará las pérdidas económicas y afectará la reputación sanitaria del país.
afcl/LL