Cancún.- La Presidencia de la República promovió una controversia constitucional en contra del Ayuntamiento de Tulum , debido a la expedición del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS) , un reciente instrumento de planeación urbana y política ambiental creado en Quintana Roo, que violenta la esfera de competencia de la federación en materia ambiental.
El recurso fue presentado por el Poder Ejecutivo federal a través de su Consejería Jurídica, a cargo de Julio Scherer Ibarra, el 21 de mayo pasado y será visto por el pleno de la SCJN bajo el número de expediente 68/ 2021.
Este Ordenamiento ecológico-urbano es una figura inexistente en la legislación federal. Fue creado en Quintana Roo en 2018, a través de la homologación de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, bautizada coloquialmente como “Ley Casitas” , aprobada por la XV Legislatura.
Además de invadir competencias de la federación, contraviniendo la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la propia Ley estatal en la materia, este PMOTEDUS en particular densifica zonas inundables, fallas geológicas y áreas por donde corren los ríos subterráneos más grandes del mundo, con cavernas que albergan riqueza arqueológica y paleontológica de gran valor en Tulum.
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Las “graves faltas e incongruencias” que posee este “Frankestein urbano-ambiental”, como ha sido bautizado a nivel local, fomentan el deterioro ambiental de Tulum, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que el 13 de abril advirtió que si el ayuntamiento presidido por el alcalde, Víctor Mas Tah, no revocaba el instrumento, procedería jurídicamente para invalidarlo, además de desconocerlo.
El acto impugnado por la Presidencia de la República es ese instrumento híbrido, publicado por el gobierno de Tulum en el Periódico Oficial del estado, el 31 de marzo de este año.
El pasado tres de mayo, en una reunión de alto nivel con autoridades del gobierno de Quintana Roo y del municipio, en las oficinas de la Semarnat, el sector ambiental federal emplazó nuevamente al ayuntamiento a revocar el PMOTEDUS, para iniciar con mesas de trabajo en las que se ajustaran los lineamientos, usos del suelo y criterios de regulación ecológica sobre temas de jurisdicción federal, en ese instrumento.
De lo contrario, se dijo ahí, no sólo se presentaría la Controversia constitucional, sino que además habría un rompimiento político con el gobierno.
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Sobre ese pasaje, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) , Roberto Aviña, y la encargada de despacho en la región Península de Yucatán, Yadira Gómez, confirmaron que el gobierno federal presentó la Controversia, pero se aceptó desarrollar las mesas de trabajo.
“Se acordó que, independientemente de la respuesta de la controversia, se iba a trabajar junto con la Semarnat y sus órganos desconcentrados”, manifestaron.
Ambos funcionarios indicaron que, si bien los ayuntamientos son autónomos en materia de desarrollo urbano, conforme al artículo 115 constitucional, hay facultades en materia ambiental que pertenecen a la federación.
“Invade competencias federales, pero lo que están tratando de realizar, justo, es que no se invadan, o sea, sí con esta figura, pero respetando las atribuciones federales”, expresó la comisionada regional, quien admitió que la Ley Estatal de Asentamientos Humanos debe ser reformada para evitar esa invasión de competencias.
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Pese a los problemas que provocar y provocará la figura del PMOTEDUS -como está aprobada-; aún con la Controversia constitucional y a los 10 amparos presentados el 22 de abril por ciudadanía y empresarios en contra de ese instrumento, el gobierno de Quintana Roo continúa promoviendo la elaboración de este tipo de Ordenamientos urbano-ecológicos en otros municipios, lo que podría redundar en los mismos conflictos.
El viernes pasado, el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Efraín Villanueva, durante la reunión del Consejo Asesor del Área Natural Protegida de Yum Balam, se comprometió ante autoridades federales y municipales y miembros de la comunidad de Lázaro Cárdenas, a tener listo el Ordenamiento urbano-ecológico para aquella localidad, “antes de que culmine el año”.
La figura, como se ha dicho, violenta competencias, no solo federales, sino estatales; sin embargo, sigue siendo impulsada en el estado.
En esa misma reunión, Aviña expuso como un problema el que exista una política de ordenamiento territorial marcada desde la federación, que luego es modificada a nivel local por los ayuntamientos, que modifican densidades y usos del suelo.
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afcl
