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El secretario general de Gobierno del Estado, Héctor Joel Villegas González informó que ha sostenido 2 reuniones con la Sección 30 del SNTE, pero en la última de ellas encontraron poca disposición de la dirigencia sindical para llegar a acuerdos, porque para avanzar argumentaron que la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor tenía que dejar el cargo.
“Esto, como se le comunicó desde un principio, no está sujeto a negociación”, advirtió Villegas a través de un mensaje en video que difundió esta mañana a través de sus redes sociales, dirigido a los maestros y maestras de Tamaulipas.
Indicó que, como gobierno, han sido siempre respetuosos de las decisiones internas de cada organización sindical, “y con la sección 30 no ha sido ni será la excepción; por eso de la misma forma exigimos respeto a los asuntos que competen exclusivamente al Gobierno del Estado”.
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Este viernes es el cuarto día de protestas del magisterio, quienes han permanecido en plantón permanente frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), además de incluir un paro a nivel estatal.
El secretario general de gobierno mencionó que el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, le encomendó la tarea de estar al frente de la mesa de negociaciones para atender las inquietudes y demandas de los integrantes de la Sección 30 que se han manifestado.
Sobre las demandas que ha hecho los maestros, aseguró que las han conocido de forma extraoficial, ya que no han sido entregadas por los cauces legales establecidos, “queremos decirles que la mayoría de ellas han sido atendidas durante la presente administración, dando celeridad y solución a reclamos que nunca fueron resueltos en los gobiernos pasados”.
Villegas lamentó que apenas a la segunda semana de iniciado el ciclo escolar, se altere la vida de las familias de más de 715 mil estudiantes, llegando incluso a imposibilitar la oportunidad de que se reciban oportunamente sus desayunos escolares.
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“Estamos además ante una situación que es fácil de entender que si se continua con la toma de las oficinas administrativas, no se podrán realizar los procesos necesarios para el pago a tiempo al magisterio”, advirtió el funcionario.
Aseguró que, “si bien es cierto que la manifestación pública es un derecho constitucional, también lo es que debemos respetar los derechos de todos, no se puede amedrentar para sumar adeptos, no se puede negar el derecho a las niñas, niños y jóvenes a recibir educación, no se puede coaccionar ni obligar la participación en las manifestaciones”.
Y como gobierno, los invitó a volver a las aulas:
“Hoy les hacemos un llamado a la cordura, a la prudencia y a la razón. Las diferencias y malentendidos se resuelven con el diálogo. Frente a esta situación que estamos viviendo, se está afectando a la niñez al impedirle su derecho a la educación y se le está trastornando la vida diaria a los padres de familia y a la sociedad en su conjunto. Como gobierno les extendemos la mano para llegar acuerdos”.
