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El gobierno de Tamaulipas informó que fue aceptada la recomendación 77/2017, que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , por violaciones y omisiones cometidas por servidores públicos federales, estatales y locales (de Matamoros) en el año 2014.
Mediante un comunicado que se difundió la noche de este jueves, el gobierno del Estado indicó que tras aceptar la recomendación, se llevaron a cabo acciones encaminadas a ejecutar cada uno de los puntos que el organismo instruyó en relación a los hechos ocurridos el 13 de octubre de 2014 en El Control, municipio de Matamoros.
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La recomendación fue emitida el 28 de Diciembre del 2017, que se deriva de la detención arbitraria , desaparición forzada y ejecución de 4 víctimas, 3 de ellas de origen estadounidense y una de origen mexicano .
La recomendación emitida fue para la Secretaría de Marina (SEMAR), el gobierno de Tamaulipas y el Ayuntamiento de Matamoros .
En estos hechos que originaron un gran escándalo, está implicado principalmente el Grupo Hércules, considerado de élite que fue formado en la administración municipal de la entonces alcaldesa Leticia Salazar Vázquez, además de elementos de la SEMAR.
LA DESAPARICIÓN
Según la resolución de la CNDH, el 14 de Octubre del 2014, el padre de tres de las víctimas de nacionalidad estadounidense presentó queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en la que relató que el día anterior sus hijos salieron de su casa, ubicada en el Poblado El Control, a bordo de dos vehículos.
Los jóvenes habrían desaparecido cerca del Puente Internacional “Los Indios”, en el municipio de Matamoros.
Para el 3 de Noviembre del 2014,el padre relató a un visitador adjunto de la CNDH que le habián informado lo siguiente: “Los estaban checando policías federales y luego llegaron dos camionetas blancas Pick Up, con elementos de la Marina y también elementos Hércules”.
Buscaron a los jóvenes en instalaciones de la PGR, de la Procuraduría del Estado, de la SEMAR y de la SEDENA sin encontrarlos. Lamentablemente los cadáveres fueron hallados el 29 de Octubre de ese año en una brecha conocida como El Tecolote, municipio de Matamoros. Con pruebas genéticas de ADN se comprobó que se trataba de los 3 hermanos y otra persona.
Los cuerpos presentaron “traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo producida por proyectil de arma de fuego”.
La recomendación también se refiere a la forma en que se conformó el Grupo Hércules (durante la administración municipal de Leticia Salazar, como alcaldesa de Matamoros), que fue involucrado en los hechos.
Cuando se anunció la depuración de Seguridad Pública de Matamoros, dando de baja a 577 de los 771 elementos que la conformaban, se integró un nuevo cuerpo de seguridad, al que las autoridades municipales describieron como “altamente preparado para realizar actividades de inteligencia y operativos de alto riesgo, al que denominaron Grupo Hércules”.
RESPUESTA DEL GOBIERNO DE TAMAULIPAS
El gobierno del Estado designó la figura de un Enlace para dar seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendados, con lo cual se da total observancia al resolutivo.
Se giró oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que imparta a los elementos comisionados en Matamoros el curso en materia de Derechos Humanos con énfasis en las disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se envíe a la CNDH la constancia que acredite su cumplimiento.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHET) imparta el curso referido a la brevedad posible, además de que se le envió al Coordinador General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, copia de la recomendación para que se anexe en el expediente de los servidores públicos involucrados.
La Secretaría de Seguridad Pública emitió una circular dirigida al personal de la Policía Estatal, para que en el desempeño de su cargo actúen atendiendo a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y se remitan a CNDH las constancias con que acrediten su cumplimiento.
Se instruyó a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, realice las gestiones necesarias para la identificación e inscripción de las víctimas indirectas en el Registro Nacional de Víctimas y puedan acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Al comprobar que las víctimas no estaban inscritas en el Registro Estatal de Víctimas, la Comisión giró oficios a la CNDH y a la Fiscalía Especializada en Personas No Localizadas y/o Privadas de su Libertad en el Estado, a fin de que proporcionen los datos de contacto que tengan.
A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, también se le solicitó que en coordinación con otras autoridades proporcione atención médica, psicológica y tanatológica necesaria, con calidad y calidez, a las víctimas indirectas y remita constancias que acrediten su cumplimiento a CNDH.
Se notificó además que el expediente de denuncia fue remitido a la Procuraduría General de la República ( PGR ), desde el 5 de noviembre de 2014, por tratarse de delitos del fuero federal.
irr
