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En un Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado, el gobierno de México pedirá perdón a familiares del periodista José Alfredo Jimenez Mota , víctima de desaparición forzada en el año 2005.
La Disculpa del Estado se realizará por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, en Empalme, lugar natal del periodista.
Estarán presentes José Alfredo Jiménez Hernández y Esperanza Mota Martínez, padre y madre de la víctima, así como la hermana, Leticia Jiménez Mota.
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Se prevé la asistencia del gobernador, Alfonso Durazo Montaño; Luis Fuentes Aguilar, Presidente Municipal de Empalme, Sonora y un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El 8 de diciembre, a las 13.30 horas, en la Plaza Independencia conocida como “El Tinaco”, también se llevará a cabo la Firma de Acuerdo de Solución Amistosa sobre el Caso CIDH 13.007, Alfredo Jiménez Mota.
Con este acto público, se busca colaborar con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
José Alfredo Jiménez Mota, periodista asesinado y desaparecido
José Alfredo Jiménez Mota, desapareció en Hermosillo, Sonora, tenía 25 años de edad, contaba con cinco años de experiencia en el periodismo, primero en el estado de Sinaloa, y luego en Sonora.
El 2 de abril de 2005 desapareció mientras cubría temas vinculados al crimen organizado y a la seguridad pública para el periódico El Imparcial de Hermosillo.
El caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 11 de marzo de 2009, tras una investigación realizada por la Unidad de Respuesta Rápida de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en México.
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La CIDH concluyó que tiene competencia para analizar el caso y que la petición de la SIP es admisible.
Puso a disposición de las partes, SIP y Gobierno de México, la posibilidad de alcanzar una solución amistosa e informó que aprobó un informe sobre el caso al que asignó el número de referencia 13.007.
Entre los argumentos presentados por la SIP a la CIDH se destacó que en este caso se violaron garantías constitucionales que se extienden más allá del periodista.
Se afectó además a su familia, en su derecho a la verdad; a sus colegas por la impunidad y el incumplimiento del Estado en proveer seguridad para desarrollar su oficio con independencia y seguridad.
