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Monterrey.- Dirigentes de agrupaciones civiles que denunciaron presuntos actos de corrupción del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón para beneficiar con un mega incremento salarial a su suegra , María Teresa Martínez, a fin de que se jubilara con mayor pensión, señalaron que la administración estatal ha retrasado la entrega de información que le requirieron hace casi tres meses sobre el caso, impidiendo que la Fiscalía Anticorrupción cierre la carpeta de investigación y la turne a un juez de control.
Liliana Flores Benavides, del Colectivo Nosotros; Gilberto Marcos, presidente de Vertebra; y Juan Manuel Ramos, dirigente Redes Quinto Poder, acudieron como cada lunes a conocer avances de la investigación en entrevista con el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza.
Marcos admitió que no hay seguridad de que logren algo importante en términos de castigo a los responsables de estos presuntos actos de corrupción, pero al menos esperan que este caso sensibilice sobre la necesidad de una reforma legislativa para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tenga dientes para castigar a los corruptos y a todos los que hacen mal uso del poder público.
Flores Benavides señaló a su vez que desde el 21 de agosto ellos solicitaron a la Contraloría del Estado un informe sobre los movimientos de recursos humanos y las labores que desempeñaba la suegra de "El Bronco" , en seguridad Pública, y hace dos semanas la propia Fiscalía pidió la misma información con un plazo que vencía este lunes, sin que se atendiera la petición, frenando con ello el cierre de la carpeta de investigación para que se turne a un juez de control.
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“No es posible que después de cuatro meses de venir todos los lunes tratando que se haga justicia, ellos sigan actuando dolosamente para no entregar la información”, dijo la activista, respecto a la denuncia que presentaron ante la Fiscalía desde el pasado dos de julio, a raíz de que en forma injustificada la suegra de "El Bronco" en 14 meses (entre 2017 y 2018), elevó su salario de 28 mil a 67 mil pesos, no obstante que durante ese periodo estuvo con licencia diez meses, para recabar firmas y hacer campañas como candidata independiente por el municipio de García.
Ramos destacó que a fin de retrasar la entrega de la información, en lugar de que la Contraloría les diera los datos específicos sobre movimientos, cambios, ascensos y los respectivos salarios de cinco servidores de Seguridad Pública del Estado, entre ellos Doña Tere que fungía como coordinadora, se puso a realizar una auditoría a diez mil servidores públicos de toda la administración estatal.
“Obviamente es un acto para retardar injustificada la entrega de información, debieron de irse por lo concreto y específico que solicitamos en una denuncia ante la Unidad Anticorrupción de la propia Contraloría, y que pidió también el Fiscal Anticorrupción a través del Ministerio Público”, señaló el dirigente de Redes Quinto Poder.
No descartó el activista, con el pretexto de que se trata de información reservada referente a servidores públicos del área de seguridad, se estén ocultando aviadores o posibles actos de corrupción en dicha dependencia, y que en el caso de Doña Tere, no se justifica, sólo para quienes trabajan como policías, pues afirmó que la señora “se dedicaba a hacer piñatas”.
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afcl
