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El gobernador de Tabasco
, Arturo Núñez Jiménez, ordenó a la Contraloría Estatal iniciar una investigación e interponer una demanda penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), acusados de presuntos actos de corrupción en la compra de los terrenos donde se ubicaría la Zona Económica Especial (ZEE).
En entrevista, el mandatario tabasqueño aseguró que su administración no permitirá actos de corrupción ni protegerá a algún servidor publico en caso de incurrir en mal manejo del presupuesto público, lo anterior ante los señalamientos del próximo mandatario estatal , Adán Augusto López Hernández , quien denunció que en la adquisición de las tierras donde se construiría la ZEE se cometió un fraude, toda vez que su precio era de 40 millones de pesos, pero alguno de los actuales funcionarios facturo al doble y terminaron pagándolos en 100 millones de pesos.
“Conocí los señalamientos en la materia y de inmediato convoque a mi oficina a la titular de la Secretaría de la Contraloría, Lucina Tamayo Barrios, a quien instruí que iniciara una investigación administrativa sobre el tema e interpusiera una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, que es un órgano constitucional autónomo, para que en su caso inicie una carpeta de investigación”, asentó Núñez Jiménez.
Precisó que todo el trámite en cuanto a ese predio lo realizó la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), no la Secretaría de Administración, y manifestó su confianza que de ambas investigaciones: la administrativa y la penal, aflore la realidad de este asunto, advirtiendo que no permitirá corrupción de nadie, sea quien sea.
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“La Secretaría de Administración participó en tanto que es la administradora del patrimonio del estado, pero ese bien se donó -previa autorización del Congreso local- a la Autoridad Federal para que sea el polígono líder de lo que sería la ZEE”, apuntó.
El mandatario añadió que el monto destinado por su gobierno para la compra de estos terrenos, los cuales abarcan poco más de 80 hectáreas, fue de 100 millones de pesos pero que se realizará la investigación necesaria.
Por su parte, el titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), Alejandro Alvarez , adelantó que se incluirá en las auditorias de cuenta pública del 2018 , la compra de los terrenos donde se ubicaría la Zona Económica Especial (ZEE), por lo que será hasta el 2019 cuando se conozca si hubo o no actos de corrupción en esta adquisición.
afcl/ml