El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya hizo un llamado a la empresa canadiense Gold and Silver y al líder nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia a resolver el conflicto que volvió a suspender las actividades de la mina San Rafael, en Cósala .
Señaló que esta mina, ubicada en la comunidad de la Higuera Larga , en Cósala, donde se extrae Plata, Plomo y Zinc por dos años permaneció inactiva por un problema de tipo laboral y nueve días de reiniciar sus operaciones, estalló una huelga, con lo que se paralizó nuevamente su funcionamiento .
Recordó que hace diez días, acompañó a la secretaría de Economía Federal, Tatiana Clouthier Carrillo al reinicio de operaciones de dicha mina, lo que apreció fue que todo estaba tranquilo.
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El ejecutivo estatal expuso que al parecer el conflicto se centra en la recontratación de seis trabajadores, por lo que consideró como muy malo que esto no se resuelva y, por otro lado, es muy malo que el sindicato mantuviera parada las actividades mineras por dos años.
Rocha Moya externó que si hay necesidad de que su gobierno sirva como mediador en este asunto, está en disposición de hacerlo, pero sin que haya interrupciones en las actividades productivas de la mina de San Rafael.
El pasado fin de semana, la Sección 333 del Sindicato Nacional Minero decretó el estallido de una huelga en la mina San Rafael, ante la negativa de la empresa canadiense Gold and Silver se reconoce el contrato colectivo de trabajo.
A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana que dirige, Napoleón Gómez Urrutia denunció que pese a que desde septiembre del 2020, en un recuento de votos, se ratificó la legalidad de la elección de la nueva dirigencia sindical, la empresa minera se niega.
Se dio a conocer que este medio día, pese a las amenazas vertidas contra los trabajadores, estos estallaron la huelga en la mina San Rafael, en Cosalá, ante la postura de la empresa Gold and Silver de no resolver temas como el pago de salarios caídos y la reinstalación de dirigentes locales cesados en forma injustificada por apoyar a su sindicato.
La dirigencia sindical de los mineros critica la postura de la empresa canadiense de anunciar una inversión de 600 millones de pesos en los próximos tres años, pero elude el pago de los salarios caídos de sus trabajadores.
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