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El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, declaró que no ha sido notificado sobre la presunta comparecencia de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano ( Sedatu ), Rosario Robles , por la llamada “Estafa Maestra” , ante la Fiscalía General del estado.
“No tengo mayores datos de eso, entiendo que es un tema del Tribunal Administrativo, de la parte de Fiscalía Anticorrupción, de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y de la Auditoria Superior del estado; pero no tengo mayores datos al respecto”, expresó en entrevista, al término del cambio de mando de la 11ava Zona Naval.
Sobre el involucramiento de Quintana Roo en un tema que escaló a nivel nacional, recordó brevemente que aquí estuvieron implicados algunos planteles universitarios –la Universidad Politécnica- y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).
Uno de los capítulos de la “Estafa Maestra”, reabierto recientemente a nivel nacional, fue el desvío millonario de recursos públicos pagados a empresas “fantasma”, subcontratadas por el Sistema, para el diseño y difusión de campañas de la dependencia federal, que no se elaboraron, pero se cobraron.
En 2015 y 2016, la Sedatu firmó una serie de convenios con el gobierno de Quintana Roo, entonces encabezado por Roberto Borge, vinculado a proceso en diciembre de 2017.
De acuerdo con el contenido de esos convenios -consultados por EL UNIVERSAL- el SQCS se comprometía a realizar diversos materiales y al desarrollo de la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social, creatividad, producción y difusión en radio y televisión, así como campañas de comunicación, planteamiento conceptual, y edición en audio, video y gráfico institucionales para la Sedatu.
Sin embargo, la dependencia estatal, bajo el argumento de que carecía de la capacidad tecnológica y humana para cumplir con la encomienda, contrató a empresas privadas para realizar el trabajo acordado.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF), en su informe de 2018, indicó que se pagaron al menos 450 millones de pesos a 25 empresas “fantasma” y no encontró los testigos gráficos, ni audiovisuales que demostrasen que los servicios contratados se realizaron.
Consultada por separado, la titular de la Fiscalía Anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, informó que se solicitaron dos órdenes de aprehensión por el caso, las cuales fueron concedidas por un juez, pero combatidas por los exfuncionarios involucrados, a través de amparos.
Sin embargo, dijo que la institución logró la ratificación de ambas. El monto por la reparación del daño, asciende a 743 millones de pesos, manifestó, al aclarar que la Fiscalía a su cargo, no ha solicitado la comparecencia de Robles Berlanga, por este caso.
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