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LA PAZ, BCS., 24 de junio.- El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío admitió que la entidad enfrenta una ola de violencia hace dos meses que no se ha logrado erradicar y anunció que se investigan a elementos de corporaciones policíacas que han sido señalados de presuntos nexos con la delincuencia organizada.
En sus primeras declaraciones, tras un fin de semana de enfrentamientos con saldo de diez personas asesinadas en tres de los cinco municipios del estado, el mandatario reconoció que pese a los decomisos de armas, drogas, y detenciones recientes, no se ha logrado disminuir la ola de violencia que enfrenta la entidad y que no tenía registro desde hace varios años (2018 a la fecha), y persiste la confrontación entre grupos criminales.
“Estamos trabajando. Ayer desmantelamos una casa de seguridad, decomisamos 2.5 toneladas de marihuana. Hemos destruido células delincuenciales muy importantes aquí (en la capital de la entidad) y en el norte del estado, pero vamos a reforzar Ciudad Constitución e Insurgentes, por que ahí hay otro nido de delincuentes que es necesario sean detenidos”, afirmó.
Añadió que BCS registraba “varios años de tranquilidad” y dijo lamentar que estos hechos violentos que han cimbrado a las comunidades se sigan presentando; no obstante, desde la Mesa de Seguridad refuerzan el despliegue policial y labores de inteligencia para desarticular a las células generadoras de violencia.
“Tenemos que reforzar y hay una enorme disposición de todas las instituciones, Ejército, Marina, Guardia Nacional, corporaciones municipales y estatales para que no se expanda esta situación”, expresó en entrevista.
Reajuste de grupos criminales
Expuso que las balaceras y agresiones frontales que han ocurrido en diversas zonas del estado tienen su origen en el “reajuste” de grupos criminales que también se está dando –dijo–, en esta región, pero aseguró no evadirá su responsabilidad.
“Este reajuste se da en otras entidades del país, como Baja California y Sinaloa, sin quitar nuestra responsabilidad. Aquí somos responsables y vamos a actuar con toda determinación y aplicar el mayor esfuerzo. Hoy estaré más tiempo en Comondú; voy el miércoles y jueves a tener reuniones de seguridad para reforzar esta zona de Comondú y Loreto”, declaró.
En estos meses de violencia -abril a junio- han aparecido diversas narcomantas donde han sido señalados mandos policiales y elementos de corporaciones de seguridad, con mensajes de amenazas de parte de facciones del Cártel de Sinaloa.
Investigación a corporaciones policíacas
Cuestionado al respecto, Castro Cosío reconoció el trabajo de quienes integran las corporaciones policíacas de los tres niveles, a quienes “cumplen su deber con honor y entrega”; sin embargo, admitió que se están investigando para que “si hay desviaciones irlas quitando”.
“Ratifico mi reconocimiento a la mayoría de los elementos, sin dejar de decir que vamos a investigar a quienes son señalados por su ingreso en prácticas indebidas. Vamos a trabajar para que las instituciones no generen desconfianza en la sociedad, que no sean ligadas a algún grupo. El único compromiso nuestro es con la gente, es mantener la seguridad en Baja California Sur. La idea es que ninguna corporación de ningún nivel se mezcle con la delincuencia organizada”, enfatizó.
“Nuestras corporaciones no están exentas de que pudiera haber algunos elementos ahí (involucrados), estamos investigando al interior y vamos a hacer cambios en la Procuraduría General de Justicia del estado para que haya mejores resultados. No basta reconocer el trabajo, sino lo que importan son los resultados y en estos meses no ha habido buenos resultados y vamos a tomar medidas para que se fortalezcan”, aseguró.
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Aclaró que luego de acreditar los exámenes de control de confianza, el actual encargado de despacho de la PGJE, Antonio López Rodríguez será ratificado. La decisión también fue avalada por la Secretaría de Marina, según expuso el gobernador.
Reconoció que la condición insular de BCS ayuda a que puedan lograrse mejores resultados en seguridad, debido al aislamiento del resto del país; no obstante, tampoco es garantía de tranquilidad, tal como está sucediendo.
“No es que estemos en una burbuja. Nuestra condición insular nos ayuda, pero no es garantía de que en BCS no haya gente que se dedique a esta actividad deleznable, a buscar dinero a través del envenenamiento a nuestras comunidades”.
El sábado fue asesinado el Jefe de Operaciones Especiales de la PGJE, Mario Quezada en una agresión frontal en La Paz. En este contexto se dio una confrontación y una persecución. Luego se desataron otras balaceras que cimbraron a esta capital. Además, ocurrieron asesinatos en Comondú y Loreto.
El 22 de abril fue asesinado Ulises Omar Cota Montaño, comandante de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJE en un ataque directo y en esa misma jornada, un mando militar fue asesinado en Guerrero Negro.
El gobernador declaró que los ataques fueron por “venganza” de grupos criminales, ante el trabajo de combate que se estaba desarrollando.
Desde entonces a la fecha han aparecido presuntas narcomantas donde facciones del Cártel de Sinaloa, acusan “traiciones” de parte de mandos policíacos. En la más reciente apareció el nombre del Subprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto, Bernardo Soriano Castro.
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