Garantizan a mujeres indígenas el derecho a heredar

Tuxtla Gutiérrez.— Mujeres de pueblos originarios de Chiapas podrán heredar tierras y bienes en condiciones de igualdad con los hombres y tendrán derecho en las decisiones comunitarias y ejidales, que les negaron durante años los usos y costumbres.

Esto es posible a partir de la reciente reforma a la Ley de Derechos y Cultura Indígena del estado.

Hasta ahora, en la mayoría de los 13 grupos étnicos de la entidad, a las mujeres se les restringió el derecho a la herencia debido a las prácticas aplicadas por las autoridades tradicionales, los dirigentes comunitarios y los hombres de la comunidad, entre ellos sus padres hermanos y cónyuges.

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Al no poseer tierras, propiedades ni patrimonios legalizados con sus nombres, las mujeres tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales y de otros grupos étnicos no han tenido voz ni voto efectivo en las asambleas ejidales y comunitarias, impidiendo que ellas participen e incidan en las decisiones de sus pueblos.

El cambio

En este contexto, el pasado 17 de junio el pleno de la 69 Legislatura aprobó reformas al artículo 33 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Chiapas en materia de respeto a los derechos humanos de la mujer.

Legisladoras señalaron que el objetivo es garantizar expresamente el derecho de las mujeres indígenas a la propiedad, la posesión y la herencia en condiciones de igualdad.

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Se argumentó que el objetivo es la determinación de los pueblos indígenas y los derechos humanos de las mujeres, los cuales no son principios opuestos porque deben caminar “juntos y de la mano”.

La iniciativa

La diputada tzotzil Wendy Arleth Hernández Ichín (Morena), impulsora de la iniciativa, explicó que la reforma al artículo 33 de Ley de Derechos y Cultura Indígena de Chiapas cambia el criterio.

Precisó que la ley establecía que el gobierno “fomentaría” que las mujeres accedieran al derecho sucesorio o de herencia. Ahora, esos derechos se garantizan.

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La diputada local Wendy Arleth Hernández Ichín, originaria de la comunidad Cruztón, en el municipio de Chamula, fue quien impulsó la iniciativa para que las mujeres puedan heredar. Foto: Óscar Gutiérrez/ EL UNIVERSAL

“Las instituciones están obligadas a otorgar acompañamiento y buscar mecanismos y herramientas que ayuden a las mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas vulneradas en sus derechos humanos para que accedan a propiedades o herencias”, expuso. Hernández Ichín, vicepresidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, señala que en las comunidades y pueblos indígenas, el hecho de que alguien sea propietaria de un bien, de una tierra, le abre la oportunidad de participar en las asambleas; puede tener decisión y voz en la vida comunitaria.

“A las mujeres indígenas se les proporciona hoy una alternativa a que tracen sus propios proyectos de vida. Que tomen sus decisiones sobre qué quieren y pretenden. Se tienen liderazgos comunitarios y mujeres que poseen capacidades para explorar, pero no siempre han tenido apertura necesaria, o fomentado esas participaciones en las comunidades”, señaló.

La legisladora Hernández Ichín es originaria de la comunidad Cruztón, en el municipio de Chamula, en la región Altos; al igual que sus abuelas, su madre y hermanas, padeció la imposición masculina de los usos y costumbres.

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Indicó que en la mayoría de los municipios de población originaria, los padres tienen la concepción de que el patrimonio no se le deja a la hija porque se va a casar, “y el hombre que se case con ella tendrá propiedades. La va a mantener”.

La legisladora subrayó que esta práctica perpetúa una dependencia económica de la mujer hacia el cónyuge. Además, ante un matrimonio fracasado o destruido, la mujer queda vulnerable y no dispone de la protección de su familia.

Enfatizó que el derecho sucesorio de las mujeres indígenas no debe verse como un asunto de competencia contra los hombres, sino como un acto de estricta justicia.

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Aclara que el ordenamiento no obliga a nadie a heredar de cierta manera, al final el propietario debe y puede decidir a quién deja su patrimonio, “pero que no se rechace el dejarlo a sus hijas, por el hecho de que sea mujer”.

Consideró que la determinación legal no rompe las prácticas ancestrales ni alienta la división ni el enfrentamiento en los pueblos indígenas de Chiapas.

La diputada Hernández Ichín explicó que no se desintegra ninguna estructura ancestral, no se cambian los bienes comunales ni los derechos de nadie. Lo que hacemos es decirle a las comunidades que consideren a las mujeres, porque sucede que “muchas de ellas no hacen vida, no construyen familia” porque se quedan a cuidar a los padres y madres, y al final quedan desamparadas.

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“Si al final de toda esa dedicación tampoco pueden tener parte de la tierra que ellas mismas trabajaron, es bastante injusto. Por ello hay muchos hombres que también entienden esto”, aseguró.

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