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Los servidores públicos, durante los últimos años, han tratado de entorpecer la entrega de información pública a ciudadanos, denunció el aspirante a comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), José Guadalupe Luna Hernández.
"Cuando la gente común requiere información, los servidores públicos encienden todas las alarmas y, lejos de favorecer el acceso a la misma, buscan todas las posibilidades a la mano para entorpecer esa necesidad de las personas", acusó.
El veracruzano, quien actualmente es comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), denunció que durante muchos años, sectores privilegiados han sido los principales consumidores de información pública .
"Los que dan seguimiento al ejercicio de los recursos públicos, al diseño de proyectos estratégicos, quienes acceden a las carpetas de investigación, y esto gracias a que desde el gobierno se suministra información a sectores empoderados de la sociedad", manifestó.
El funcionario aseguró que el Estado sí se ha subordinado a los intereses y necesidades de ciertos grupos.
"El Estado debe prevenir la violación a los derechos humanos; para ello debe capacitar más, con una perspectiva genuina de apertura y, al mismo tiempo, debe investigar y sancionar las violaciones a esos derechos" dijo.
Llamó a la capacitación de las personas encargadas de garantizar los derechos , pues consideró que es la apuesta más efectiva.
"Si logramos sensibilizar a los servidores públicos, dotarlos de las habilidades y competencias para hacer su trabajo, los resultados cambian", indicó.
Y reiteró que la propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) incumpliría la disposición interamericana que exige contar con un procedimiento ágil de tutela.
“Si finalmente el INAI desaparece y se traslada la tutela del derecho de acceso a la información al poder judicial, México incumplirá la disposición interamericana que exige contar con un procedimiento ágil de tutela”, indicó.
Señaló que el diseño empleado actualmente permite proteger al informante interno, lo que constituye una buena práctica según la doctrina internacional.
“Y se resuelve con celeridad, a nivel nacional, con una posición expansiva en favor de la tutela que las autoridades jurisdiccionales no siempre pueden garantizar”, agregó el veracruzano.
