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Cuernavaca.— El secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, denunció que los titulares de la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) practican una persecución política contra el Ejecutivo, con señalamientos de presuntos malos tratos a adolescentes refugiados en centros de asistencia del DIF, pero que en realidad representan los intereses del exgobernador Graco Ramírez.
En conferencia de prensa, junto con el procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, Rafael Brito Miranda, Ojeda Cárdenas rechazó la ejecución de actos de tortura contra los adolescentes.
Precisó que un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos determinó como ilegales los cateos realizados hace dos semanas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Juan Salazar Núñez, y resolvió que violaron los derechos humanos de los adolescentes, al tratarlos como delincuentes, vulnerar su privacidad y cometer abuso de autoridad.
Además, dijo que del actuar del DIF y la Procuraduría del Menor no se desprende ningún acto ilegal o que haya puesto en peligro a niños y adolescentes, pero desde la Secretaría de Gobierno se ha visto en el estado la descomposición gradual de la Fiscalía Anticorrupción y la CDHM.
“La Fiscalía Anticorrupción y la Comisión de Derechos Humanos [están] representadas por los dos abogados más cercanos del exgobernador Graco Ramírez. Uno fue consejero jurídico del gobierno del estado y otro fue director General jurídico de la Secretaría de Gobierno, y su actuación por supuesto que tiene tintes políticos. Estas dos instituciones no son autónomas, representan los intereses del exgobernador Graco Ramírez”, señaló.
Durante la conferencia de prensa, Ojeda Cárdenas afirmó que con la resolución judicial resulta claro que la CDHM y la Fiscalía Anticorrupción —lejos de garantizar los derechos, para lo que fueron creadas— vulneran los derechos de los más desprotegidos y despilfarran los recursos en persecuciones políticas, por lo que se analiza la actuación de diversos involucrados y la posibilidad de proceder jurídicamente en su contra ante las instancias correspondientes.
Por otra parte, el presidente de la CDHM, Israel Hernández Cruz, rechazó la vinculación con la administración de Graco Ramírez (2012-2018) y sostuvo que su designación fue por el voto mayoritario del Congreso local.
