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Xalapa.— Los tres poderes de Veracruz y la fiscalía estatal reprobaron los criterios de jueces y magistrados federales que, dijeron, permiten la liberación de presuntos delincuentes acusados de crímenes graves, y denunciaron intereses políticos, económicos y personales en sus fallos.
En conferencia de prensa conjunta, los titulares del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo del estado, así como del organismo autónomo, señalaron “excesos en las determinaciones y resoluciones de funcionarios judiciales federales” que, mencionaron, han permitido la liberación de presuntos secuestradores, homicidas, pederastas y personas acusadas de desaparición de personas, y acusaron intereses políticos y de grupos en el actuar de los juzgadores.
El pronunciamiento viene luego de que la justicia federal decidió echar abajo el proceso legal contra la jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández, señalada de haber liberado a un supuesto homicida.
La fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadans, aseguró que hay preocupación por los criterios que están tomando algunos jueces, juezas y magistrados, quienes bajo argumentos sustentados en un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversos juicios de amparo han concedido suspensiones, ordenando variar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dejado libres a imputados de presuntos delitos graves.
“Hoy se ven claras las intenciones maliciosas y perversas con fines políticos”, expuso.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, se dijo preocupada por el actuar de juzgadores federales por el otorgamiento excesivo de suspensiones provisionales en contra de la prisión preventiva.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Margarita Corro (Morena), añadió que la corrupción entre jueces y magistrados federales hace que predominen intereses económicos y políticos.
