Cancún.— La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que el 1 de abril inició un expediente de queja en contra de servidores públicos del Ministerio Público adscrito a la vicefiscalía de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, acusados por obstaculizar procedimientos legales en el caso de Leonardo, el adolescente que se accidentó en el Parque Xenses el 27 de marzo y que falleció al día siguiente en una clínica privada.
El anuncio de la institución ocurre luego de que el Comité de Participación Ciudadana (CPC), como órgano del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, marcase probables conductas ilícitas en el manejo del caso.
Entre ellas, el comité citó el haber otorgado una dispensa de la necropsia, pese a que la carpeta que inició la fiscalía es por homicidio culposo, lo que implica que se encontraron elementos sobre un probable ilícito.
De igual forma, haber obligado a Miguel Ángel Luna, padre del menor, a firmar el perdón, lo que tampoco procede, pues el homicidio se persigue de oficio y el negarse a tomarle la declaración de hechos, como él mismo relató n entrevista con EL UNIVERSAL.
En un escueto comunicado de tres párrafos, la FGE indicó que la dirección de Supervisión, Evaluación y Control de Actuación de servidores públicos abrió el expediente de queja a partir de las declaraciones de Luna Calvo sobre posibles irregularidades durante el inicio, y la integración de la carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio culposo.
La institución indicó que el delito fue en agravio del adolescente de 13 años, “que probablemente perdió la vida en un parque temático”; sin embargo, el niño murió al día siguiente, fuera del establecimiento, según lo informado por la propia fiscalía, con base en lo que le comunicó la clínica en donde se internó a la víctima el 27 de marzo.
La queja, de índole administrativo, “se va a remitir” al Órgano Interno de Control (OIC) de la propia fiscalía, para fortalecer las investigaciones y deslindar las sanciones administrativas o legales que se deriven. Al respecto, La FGE concluyó aseverando que “de ninguna manera se va a permitir que algún funcionario público no cumpla cabalmente con la misión de servir —profesional y sensiblemente— a cada ciudadano que requiera de las atenciones necesarias para la correcta, efectiva y expedita procuración de justicia”.
