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En cumplimiento a la orden de un Juez penal, la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) aseguró las obras del conjunto Adamar, ubicado en Tankah IV, Bahía de Solimán, en la zona costera de Tulum, que se ha construido, de origen, sin autorizaciones ambientales.
El inmueble quedo bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que el pasado 16 de julio presentó una denuncia en contra de la empresa Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V., promotora del proyecto.
La institución presentó la querella ante la FGE por hechos que podrían constituir delitos contra el patrimonio, la administración pública, el desarrollo urbano y el medio ambiente, de acuerdo con el Código Penal de Quintana Roo.
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En audiencia celebrada el 23 de septiembre, el juez resolvió a favor la solicitud de aseguramiento presentada por la Fiscalía, con participación de la Profepa en calidad de denunciante y víctima, al reconocer la existencia de pruebas suficientes para el aseguramiento.
Con el fallo a favor, la Fiscalía ejecutó el aseguramiento del predio y designó a la Profepa como depositaria del mismo, lo que implica que la empresa no podrá continuar con los trabajos de construcción hasta que se definan las responsabilidades administrativas y penales.
Mediante un comunicado, la Profepa señaló que los promoventes del proyecto iniciaron la construcción sin contar con la autorización ambiental federal y continuaron las obras a pesar de clausuras impuestas en distintas ocasiones, lo que generó faltas administrativas e ilícitos contra la biodiversidad.
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Con este aseguramiento la Procuraduría —indicó— busca garantizar el resguardo del predio y dar continuidad a las investigaciones correspondientes.
Sobre este proyecto pesa, además, la orden de un Juez de distrito para restituir el predio a su estado original y rehabilitarlo, debido a que violentó la ley y provocó daños al ecosistema costero al construir sin permisos.
La asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) qué ganó el amparo que resolvió lo anteriormente mencionado, aseguró que la única forma en que se puede restituir el sitio a su estado original, es demoliendo el inmueble, lo cual tiene que ser garantizado por la Profepa.
Al respecto, la dependencia respondió a EL UNIVERSAL que dicha sentencia no está firme y la empresa la impugnó, como tercer interesado en el juicio.
aov/cr
