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Chilpancingo.— La Fiscalía General de Guerrero (FGE) está sumida en una de sus peores crisis: está descabezada y paralizada.
El asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, cometido por policías estatales la noche del 7 de marzo en el antiguo libramiento Chilpancingo-Tixtla, fue el inicio.
Ahora, casi dos semanas después, no tiene mando. La tarde del pasado martes, el Congreso de Guerrero avaló la remoción de la teniente coronel, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, como titular de la FGE, que ordenó el gobierno estatal.
En el oficio que se envió al Congreso de Guerrero se expuso que Valdovinos Salmerón ocupó el cargo sin tener vigentes sus exámenes de control y confianza, además de no haber reducido los índices de violencia e impunidad.
En la investigación del crimen de Yanqui Kothan, el gobierno del estado acusó su “inacción” al no haber solicitado la prisión preventiva contra los tres policías estatales que participaron en el asesinato.
Como consecuencia, uno de los tres agentes, el que presuntamente disparó contra el estudiante, se escapó del “resguardo administrativo” en el que lo tenía la Secretaría de Seguridad Pública.
El mismo martes por la noche, el vicefiscal de Investigación, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, renunció como encargado de despacho de la FGE. Y otra vez la dependencia se quedó sin mando.
Hernández Mendoza argumentó que renunció porque no cumplía con la edad mínima, 30 años, un requisito para asumir como encargado de despacho de la dependencia; sin embargo, así fue presentado en las sesiones de la Mesa para la Construcción de la Paz en la que participó tras el asesinato de Yanqui Kothan.
Según el escalafón en la dependencia, el vicefiscal de Prevención y Seguimiento, Gustavo Romero Rosas, asumió como encargado de despacho.
Valdovinos Salmerón nunca fue la candidata para encabezar la fiscalía. El candidato del gobierno estatal era el exsecretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, que no logró el consenso de los diputados. La llegada de la exfiscal fue avalada por el gobierno federal y el Ejército.
En estos momentos, la dependencia no sólo está descabezada, está paralizada. Desde el 13 de marzo, cuando normalistas de Ayotzinapa vandalizaron las oficinas, quemaron vehículos y quebraron vidrios, casi nadie se presenta a trabajar.
La dependencia luce desolada, aún con los rastros del ataque de los normalistas, los trabajadores no se presentan a trabajar; los primeros días tras el ataque de los normalistas, la fiscalía envió a los empleados a descansar con el pretexto del puente vacacional.
El martes, muy pocos se presentaron a trabajar, no hay condiciones, los daños siguen ahí y los mandos sin aparecer, según contó un trabajador que pidió omitir su nombre.
Para este miércoles, la dependencia nuevamente ordenó a sus trabajadores no presentarse. En un oficio dirigido a los vicefiscales, coordinadores, contralores, fiscales, directores y visitadores, pidió comunicar a los empleados que no se presentaran porque el inmueble se encuentra en mantenimiento.
Sin embargo, un grupo de trabajadores sindicalizados se presentó… pero a protestar, se instalaron en la entrada principal de la fiscalía.
Exigieron la destitución de todos los mandos, civiles y militares, que nombró la exfiscal. Demandaron que auditen la gestión de la teniente coronel, que se aceleren los procesos administrativos y penales contra Valdovinos Salmerón y su equipo por presuntos actos de hostigamiento y agresiones contra el personal.
Además exigieron al Congreso que continúe con el juicio de procedencia y político contra Valdovinos Salmerón.
La tarde del martes, el Congreso emitió la convocatoria y, según el plazo legal, en 20 días debe haber nuevo fiscal en Guerrero.
