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Hermosillo.— Las pensiones vitalicias que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en marzo pasado para las familias y los menores lesionados durante el incendio en la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en esta ciudad, están en riesgo.
El decreto presidencial del pasado 2 de abril, que ordena la extinción de los fideicomisos, alcanza al “decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil, en la ciudad de Hermosillo, Sonora”, firmado en 2010 por el entonces presidente Felipe Calderón, en el cual se establece la creación de un fideicomiso administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El pasado 13 de marzo, López Obrador emitió un decreto presidencial en el que se otorgaban pensiones vitalicias a los menores afectados, así como ayuda solidaria a las madres y becas de estudio.
Miguel Nava Alvarado, abogado y representante legal de 43 familias afectadas por el incendio —que provocó la muerte de 25 niñas y 24 niños, y además dejó 106 personas lesionadas—, explicó a EL UNIVERSAL que “el decreto no se cancela, lo que quedó cancelado es el fideicomiso mediante el cual se generaba ese apoyo solidario”.
Indicó que los recursos que estaban depositados en un banco pasaron a las arcas de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal. Señaló que como estaban considerados en el presupuesto anual del IMSS para 2020, este año, por lo menos, serán entregados a los beneficiarios.
De acuerdo con Nava Alvarado, ante esta situación, año con año se deberá presupuestar la ayuda a las víctimas del incendio para que se incluya en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, “pues sería inviable que el Ejecutivo federal considere dinero a fideicomisos que por decreto ya anuló.
“Ahora, ¿qué es lo que molesta y lastima a los padres y madres de la Guardería ABC?, pues que durante meses anuncia con bombo y platillo este decreto presidencial, las mejoras al fideicomiso administrado por el IMSS, lo publica y luego lo anula”, expuso el abogado.
Admitió que existe el temor de las familias de que se acabe la ayuda porque “si existe otra pandemia u otra emergencia nacional, el gobierno puede decir: ‘Espérate, el dinero que yo tengo, que le estoy dando a estos, mejor ya no se lo des, mejor vamos a utilizarlo para otra cosa’. Antes no se podía, porque había reglas de operación, y ese fideicomiso, aunque lo administraba el IMSS, estaba en un banco, ahora ya lo tiene la Secretaría de Hacienda”, lamentó el representante de las víctimas.
Impunidad, burla y olvido
Respecto a la exigencia de justicia, el asunto sigue impune, recriminó el abogado.
El 13 de mayo de 2016 el Juez Primero de Distrito dictó condenas de 20 a 28 años y cinco meses de prisión a 19 personas procesadas por el incendio de la Guardería ABC, entre ellos funcionarios y representantes de la estancia infantil; sin embargo, hasta el momento ninguna persona está presa.
“Se apeló y se resolvió por un juez unitario el 9 de junio de 2017, y hoy están los amparos en la Corte”.
Dijo el representante legal que tiene más de 40 sentencias de amparo a favor de las personas afectadas por el incendio, pero el Ejecutivo federal no quiere cumplir con la sentencia y la Suprema Corte no ha dado ninguna resolución del caso.
El abogado considera que los ministros temen dar una resolución apegada a Derecho, y cada año que pasa existe más impunidad.
Agregó que ellos exigen la reparación integral contemplando cinco medidas que son: restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.
