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La delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco denunció que el Poder Judicial Federal en el estado ha favorecido a presuntos defraudadores fiscales al dilatar hasta un año las audiencias iniciales en su contra y con ello ha obstruido la recuperación de más de 422 millones de pesos por concepto de impuestos que estas personas han dejado de pagar.
“En flagrante violación al artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales y negando a la Ciudadanía el derecho humano al acceso a la Justicia dependiente del Poder Judicial de la Federación, el Centro de Justicia Penal Federal del estado de Jalisco ha agendado audiencias iniciales relacionadas con delitos fiscales y financieros con extrema e inusitada dilación, sin justificación legal alguna, llegando incluso al absurdo de señalar fecha de audiencia inicial 12 meses después de haber sido solicitada, quedando un daño irreparable al patrimonio Público Federal, representado por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, señaló la dependencia en un comunicado.
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La FGR recordó que el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que es obligación que dichas audiencias se lleven a cabo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud del Ministerio Público de la Federación, además de que el artículo 16 del mismo Código establece el derecho a la justicia pronta dentro del procedimiento.
Para demostrar sus afirmaciones, la Fiscalía mencionó un caso en el que se solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del estado de Jalisco citar a un imputado para su audiencia inicial en el mes de febrero de 2025 y la autoridad jurisdiccional determinó que la audiencia se realice en febrero de 2026.
“La omisión de señalar fecha de audiencia inicial por más de 11 meses y medio después (esto es, 350 días), constituye un solo caso de la comisión reiterada en 23 ocasiones de un delito contra la administración de justicia por parte del administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco con sede en el Complejo Penitenciario Puente Grande”, acusó la FGR, por lo que advirtió que junto con el SAT y Procuraduría Fiscal de la Federación, actuará en consecuencia.
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